Sección País
La Cámara de Diputados se prepara para iniciar las audiencias públicas que debatirán la modificación de la Ley de Glaciares. La convocatoria alcanzó un récord histórico de participación ciudadana con la inscripción de 102.116 personas de todo el país, según los datos difundidos por el abogado ambientalista Enrique Viale.
Las exposiciones se desarrollarán este miércoles 25 y jueves 26 de marzo, en la franja horaria de 10 a 19, con la posibilidad de extender el debate hasta la medianoche. Los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, definieron el esquema de dos jornadas para el plenario.
Para canalizar la masiva cantidad de participantes, el oficialismo dispuso un mecanismo de intervención mediante videos que se transmitirán a través del canal oficial de YouTube de la Cámara Baja. Cada inscripto dispondrá de cinco minutos de exposición audiovisual y podrá adjuntar un documento escrito con una extensión máxima de diez páginas.
La diagramación exprés de las audiencias generó el rechazo del sector ambientalista. Agrupaciones como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una medida cautelar para exigir la participación oral de la totalidad de los anotados. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de Enrique Alonso Regueira, denegó el pedido de suspensión y ratificó el cronograma fijado por La Libertad Avanza.
El diputado Mayoraz respaldó la legalidad de la convocatoria y apuntó con dureza contra las entidades ecologistas. "Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONG y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana", aseguró tras el fallo favorable. El legislador defendió los plazos establecidos y remarcó que el proceso cumple con el Acuerdo de Escazú al garantizar la disponibilidad de la información "sin ningún criterio restrictivo de participación".
El proyecto de reforma, que ya cuenta con la media sanción del Senado, busca modificar las zonas de protección ambiental establecidas por la ley sancionada en 2010. El punto central del conflicto radica en la delegación de facultades a las provincias para delimitar las áreas glaciares y periglaciares. Este cambio habilitaría a los gobiernos locales a autorizar el desarrollo de actividades económicas, como la explotación minera, en las cercanías de las reservas hídricas estratégicas.
