Sección País
La primera audiencia pública para debatir la modificación de la Ley de Glaciares arrancó este miércoles a las 10 en la Cámara de Diputados envuelta en un clima de extrema conflictividad. La jornada estuvo marcada por un pedido formal de impugnación impulsado por legisladores de la oposición, quienes denunciaron graves irregularidades en el proceso y una restricción sistemática a la participación ciudadana.
El reclamo fue encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la audiencia es "inválida" y advirtió que el procedimiento vulnera normativas constitucionales y ambientales al limitar de manera "ilegítima" la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, en un proceso apremiado por los tiempos legislativos.
El nivel de confrontación fue en aumento a medida que avanzaba la jornada debido a una serie de decisiones logísticas y administrativas que enardecieron a los bloques opositores y a las agrupaciones ecologistas:
Restricción de participantes: pese a que más de 120.000 personas se habían anotado para exponer, el esquema diseñado por el oficialismo solo habilitó a 200 oradores para participar durante este miércoles.
Conflictos en la puerta: diputados opositores tuvieron que interrumpir la audiencia en pleno desarrollo para denunciar que varios de los expositores anotados no podían ingresar al recinto, lo que obligó a las autoridades a revisar la situación sobre la marcha.
Tiempos acotados: para sumar mayor malestar, se dispuso una sorpresiva reducción en el tiempo de alocución de cada participante, que pasó de cinco a apenas cuatro minutos.
La respuesta oficial: el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió la validez del procedimiento asegurando que las presentaciones judiciales previas habían sido rechazadas. Sobre la impugnación opositora, indicó que "se le dará curso por los canales administrativos", una respuesta que encendió aún más los ánimos dado que en la práctica esos canales no existen.
Durante las intervenciones, la inmensa mayoría de los oradores rechazó de plano la modificación de la normativa y cuestionó la legitimidad del debate exprés.
Una de las voces más contundentes fue la de Marta Maffei, autora de la ley original que el oficialismo busca reformar. La exlegisladora afirmó que la audiencia acarrea "una profunda ilegitimidad" y no dudó en calificar la convocatoria directamente como "una farsa".
En la misma sintonía, el activista humanitario y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, lanzó una dura advertencia frente a los legisladores: "El agua no es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo". A su testimonio se sumaron otros especialistas ambientales que ya anticiparon una inminente ola de demandas judiciales si el proyecto logra avanzar.
