La IGJ exigió documentación sobre balances contables y advirtió con sanciones severas. La medida se suma a una investigación judicial por presuntos testaferros y la compra de una estancia en Pilar que perteneció a Carlos Tevez.
Política17 de diciembre de 2025
Sección País
La guerra abierta entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino sumó un nuevo y agresivo capítulo. El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a brindar explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. El Gobierno puso la lupa sobre gastos e inversiones que, en conjunto, superan los 450 millones de dólares.
Según el comunicado oficial, el organismo exigirá documentos que respalden erogaciones por más de USD 111.000.000 en el caso de la entidad madre que preside Claudio "Chiqui" Tapia, y de USD 340.000.000 correspondientes a la Superliga. La IGJ advirtió que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro y le requirió justificar movimientos vinculados con actividades "no incluidas en sus estatutos sociales".
El mensaje del Ejecutivo fue tajante: "Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios." Las autoridades avisaron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los plazos podrá derivar en "sanciones económicas severas" tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.
La pista de los testaferros y la estancia en Pilar
Esta ofensiva administrativa se enmarca en una semana de alta tensión, luego de que Patricia Bullrich denunciara el lunes a la cúpula de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol. Sin embargo, el frente más complicado para Tapia parece estar en los tribunales locales: el juez penal económico Marcelo Aguinsky lleva adelante una investigación sobre una presunta red de testaferros y lavado de activos.
La Justicia tiene en la mira a la firma Real Central SRL y a sus socios: Luciano Nicolás Pantano, un monotributista, y Ana Lucía Conte, una jubilada beneficiaria de asistencia social. La hipótesis de los investigadores es que esta empresa habría sido utilizada como vehículo para ocultar bienes de altos dirigentes del fútbol. Entre los activos bajo sospecha figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar.
El predio, que cuenta con helipuerto, instalaciones deportivas y una colección de vehículos de lujo, tiene una trazabilidad llamativa: en 2017 fue adquirido por el ex futbolista Carlos Tevez; en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a la sospechada Real Central S.R.L. Además, se detectó que los gastos de mantenimiento del inmueble figuraban a nombre de una sociedad vinculada a María Florencia Sartirana, ex secretaria de Finanzas de la AFA, y a Juan Pablo Beacon, ex director general ejecutivo.
Contrataciones directas y defensa corporativa
La denuncia impulsada por el Gobierno también cuestiona las contrataciones directas. Se señala, por ejemplo, que Malte S.R.L. recibió una adjudicación por USD 550.000 para la finalización del sistema VAR, pese a los presuntos vínculos societarios y personales con directivos del organismo, lo que plantearía un conflicto de intereses.
Ante este avance simultáneo en los frentes administrativo y judicial, desde la calle Viamonte denunciaron una "evidente persecución política." En un descargo, las autoridades de la AFA acusaron al ministro Mariano Cúneo Libarona y a Bullrich de atacar a la dirigencia por su oposición a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
"Nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien," respondieron desde el entorno de Tapia, escudándose en los logros deportivos de la Selección nacional.
El secretario de Trabajo aseguró que el proyecto es "moderna" y "equilibrada". El bloque peronista impugnó la designación de Patricia Bullrich en la comisión, se retiró del plenario y avisó que judicializará el trámite.
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