Sección País
En una jornada de alta intensidad política y judicial, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió este miércoles pisar el acelerador y avanzar en las investigaciones contra tres jueces federales cuestionados por graves delitos que van desde el cobro de coimas hasta el abuso sexual. El organismo presidido por el senador Luis Juez resolvió habilitar la feria judicial de enero para que las causas no se detengan durante el receso de verano.
El caso más resonante es el de Gastón Salmain, juez federal de Rosario, quien se encuentra acusado penalmente por presuntamente haber dictado fallos judiciales a cambio de coimas. Debido a la gravedad de la imputación, los consejeros votaron por unanimidad continuar el trámite durante enero. La urgencia se precipitó luego de que llegara en las últimas horas una nueva acusación por parte de un grupo de fiscales que investiga al magistrado santafesino por asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
En paralelo, el Consejo también habilitó la feria para avanzar contra Patricio Maraniello, titular del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado enfrenta un expediente disciplinario por denuncias de abuso sexual y maltrato laboral, lo que motivó la decisión del cuerpo de no dilatar los tiempos de la investigación.
La causa Espert y el descargo por antisemitismo
La tercera magistrada en la mira es Sandra Arroyo Salgado. La jueza de San Isidro es investigada por el presunto manejo irregular en la detención de una militante kirchnerista implicada en el ataque con basura a la casa del diputado José Luis Espert. En este caso, la comisión resolvió hacer lugar a nuevas medidas de prueba: se incorporarán notas periodísticas sobre la filtración de información cuando la causa estaba bajo secreto de sumario y se llamará a declarar a Paula Litvachky, del CELS, y a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto.
Durante la sesión también hubo lugar para los descargos. Alfredo López, indagado por presunto antisemitismo, realizó una defensa encendida ante los consejeros. "¿Si en 40 años no he tenido imputaciones de esta naturaleza, qué es lo que ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido entonces en un antisemita o se ha expuesto un genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel?", se defendió el juez, quien admitió que debió evitar responder insultos en redes sociales, aunque aclaró que sus dichos no constituyeron ofensas.
Finalmente, el Consejo decidió citar al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava. El funcionario judicial se encuentra procesado penalmente por lesiones y amenazas coactivas cometidas contra seis trabajadores de su juzgado —cuatro de ellas mujeres— en un contexto de violencia laboral y de género.
