La UIA y la Sociedad Rural respaldaron el proyecto y advirtieron que el sistema actual "fracasó". La CGT y las dos CTA rechazaron la iniciativa, denunciaron inconstitucionalidades y alertaron sobre un "himno a la desigualdad".
Política17/12/2025
Sección País
El debate por la reforma laboral en el Senado sumó temperatura este miércoles con la presencia de los actores clave del mundo del trabajo. En un plenario de comisiones que expuso dos modelos de país antagónicos, empresarios y gremialistas cruzaron argumentos sobre la iniciativa que impulsa el Gobierno: mientras el sector privado exigió cambios para frenar la "industria del juicio", los sindicatos denunciaron un intento de regreso a condiciones laborales del siglo XIX.
Desde la vereda del apoyo, la Unión Industrial Argentina (UIA) fue contundente en su diagnóstico. Su titular, Martín Rappallini, sentenció que el sistema actual "fracasó" en sus objetivos de generar empleo formal y reducir la informalidad, lo que trajo "consecuencias sociales enormes". El dirigente industrial apuntó contra la litigiosidad laboral como el corazón del problema: argumentó que, pese a que la siniestralidad bajó un 70% en la última década gracias a la inversión empresarial, el escenario se volvió "cada vez más conflictivo".
El sector agropecuario se alineó con esta postura. Eloisa Frederking, vicepresidenta de la Sociedad Rural, celebró la inclusión de un capítulo agrario para reducir la burocracia. En sintonía, el asesor legal Ignacio Forconi calificó de "irresponsabilidad" mantener el esquema vigente, alertando que hoy "cinco de cada 10 trabajadores no tienen protección real".
La resistencia sindical
En la vereda de enfrente, los triunviros de la CGT —que asistieron al Congreso tras las idas y vueltas con las invitaciones— plantaron bandera en rechazo al proyecto. Jorge Sola defendió la vigencia de los convenios colectivos y advirtió que la norma tiene severos "problemas de constitucionalidad". Por su parte, Octavio Argüello cuestionó que se pretenda votar de forma "exprés" una ley que modifica más de 100 artículos, mientras que Cristian Jerónimo puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo: "Hoy no es llegar a fin de mes, sino al 15".
Los discursos más duros llegaron de la mano de las dos vertientes de la CTA. Hugo Godoy (Autónoma) acusó al Gobierno de buscar "acrecentar la explotación y volver al siglo XIX". Finalmente, el diputado y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, definió a la iniciativa como "una especie de himno a la desigualdad", contrastando la eliminación de Bienes Personales para los sectores más ricos con el mantenimiento del Impuesto a las Ganancias para los asalariados.
Procesado por la jueza Arroyo Salgado como el enlace clave de una banda que planeaba enviar cocaína a Europa, el exmilitar juró ante la Justicia que solo es un "pelotudo". La verdad sobre el vínculo político con la PSA, la oferta laboral en Perú y la caída del último prófugo.
La Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento de Pablo Quiroga y el despachante Felipe Stanga. Los jueces desestimaron la coartada del militar, que alegaba "mentir por vanidad", y validaron las pruebas de una confabulación para enviar cocaína a Europa vía Ezeiza. Chats técnicos, armas de guerra y el audio clave: "Menos mal que no se hizo nada".
La Asociación de Condominios del lujoso complejo acusó al hijo del supermercadista de "administración fraudulenta". Sostienen que desvió fondos de mantenimiento mediante sobreprecios a empresas vinculadas, generando un perjuicio de 5 millones de dólares a los copropietarios.
La compañía aérea presentó facturas a nombre de Real Central SRL, la firma liderada por los presuntos testaferros del tesorero de la AFA. Sin embargo, los pilotos admitieron que no registraban a los pasajeros y que operaban desde terminales privadas para esquivar los controles de la PSA.
Pese a estar embargado, con prohibición de salida del país y acusado de intentar cobrar un soborno de 200 mil dólares, la Cámara Federal de Rosario le asignó la subrogancia del Tribunal N.º 2 de Santa Fe. El increíble argumento de los camaristas: darle el cargo para evitar que los recuse en su causa por corrupción.