Sección País
El debate por la reforma laboral en el Senado sumó temperatura este miércoles con la presencia de los actores clave del mundo del trabajo. En un plenario de comisiones que expuso dos modelos de país antagónicos, empresarios y gremialistas cruzaron argumentos sobre la iniciativa que impulsa el Gobierno: mientras el sector privado exigió cambios para frenar la "industria del juicio", los sindicatos denunciaron un intento de regreso a condiciones laborales del siglo XIX.
Desde la vereda del apoyo, la Unión Industrial Argentina (UIA) fue contundente en su diagnóstico. Su titular, Martín Rappallini, sentenció que el sistema actual "fracasó" en sus objetivos de generar empleo formal y reducir la informalidad, lo que trajo "consecuencias sociales enormes". El dirigente industrial apuntó contra la litigiosidad laboral como el corazón del problema: argumentó que, pese a que la siniestralidad bajó un 70% en la última década gracias a la inversión empresarial, el escenario se volvió "cada vez más conflictivo".
El sector agropecuario se alineó con esta postura. Eloisa Frederking, vicepresidenta de la Sociedad Rural, celebró la inclusión de un capítulo agrario para reducir la burocracia. En sintonía, el asesor legal Ignacio Forconi calificó de "irresponsabilidad" mantener el esquema vigente, alertando que hoy "cinco de cada 10 trabajadores no tienen protección real".
La resistencia sindical
En la vereda de enfrente, los triunviros de la CGT —que asistieron al Congreso tras las idas y vueltas con las invitaciones— plantaron bandera en rechazo al proyecto. Jorge Sola defendió la vigencia de los convenios colectivos y advirtió que la norma tiene severos "problemas de constitucionalidad". Por su parte, Octavio Argüello cuestionó que se pretenda votar de forma "exprés" una ley que modifica más de 100 artículos, mientras que Cristian Jerónimo puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo: "Hoy no es llegar a fin de mes, sino al 15".
Los discursos más duros llegaron de la mano de las dos vertientes de la CTA. Hugo Godoy (Autónoma) acusó al Gobierno de buscar "acrecentar la explotación y volver al siglo XIX". Finalmente, el diputado y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, definió a la iniciativa como "una especie de himno a la desigualdad", contrastando la eliminación de Bienes Personales para los sectores más ricos con el mantenimiento del Impuesto a las Ganancias para los asalariados.
