El fiscal Navas Rial impulsó la acción penal tras una denuncia de la DGI. La acusación alcanza al secretario Cristian Malaspina y apunta a la apropiación indebida de tributos. Las penas previstas.
Política26 de diciembre de 2025
Sección País
En un nuevo golpe judicial para la conducción del fútbol argentino, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este viernes a Claudio "Chiqui" Tapia. Se lo acusa de la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación que busca esclarecer una deuda con el fisco calculada en más de $19.000 millones.
La causa, que tramita en el juzgado a cargo de Diego Amarante, se originó tras una denuncia presentada a principios de mes por la Dirección General Impositiva (DGI). Si bien la subdivisión bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había estimado inicialmente un perjuicio de $7.000 millones entre distintos tributos, el monto denunciado trepó actualmente a $19.000 millones, cifra que corresponde exclusivamente a aportes jubilatorios impagos.
El delito y la amenaza de prisión
El expediente pone la lupa sobre posibles infracciones a la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario. Concretamente, se investigan los delitos tipificados en los artículos 4 y 7, referidos a la "apropiación indebida de tributos" y de "recursos de la seguridad social".
La normativa es severa para el "agente de retención" —rol que legalmente ocupa Tapia como administrador de la clave fiscal— que no deposite total o parcialmente el dinero retenido dentro de los 30 días de plazo. En caso de comprobarse la maniobra, el Código prevé penas de entre dos y seis años de prisión.
La cadena de responsabilidades
La imputación no se detiene en la figura del presidente de la AFA y campeón del mundo. La acusación fiscal se hizo extensiva a otros altos directivos de la entidad de la calle Viamonte, entre ellos el secretario Cristian Malaspina (titular de Argentinos Juniors) y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva.
La Justicia deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de la cúpula afista en el manejo de los fondos de la seguridad social, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las autoridades del fútbol nacional.
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