El juez Marcelo Aguinsky interroga este lunes a Luciano Pantano y Ana Conte. Investigan cómo un monotributista y una jubilada adquirieron la lujosa propiedad a través de una sociedad vinculada al tesorero de la AFA.
Política29/12/2025
Sección País
La Justicia avanza sobre el patrimonio del entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky dispuso para este lunes una ronda de declaraciones clave para esclarecer la compra de una lujosa propiedad en el barrio Villa Rosa, partido de Pilar, que figura a nombre de presuntos testaferros del dirigente deportivo.
Los citados son Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, quienes aparecen formalmente como integrantes de la sociedad Real Central SRL, la firma titular del inmueble investigado. Según confirmaron fuentes del caso, las testimoniales se desarrollan bajo la modalidad de videollamada: el turno de Pantano fue fijado para las 11, mientras que Conte debe comparecer a las 12.
Dudas sobre el origen de los fondos
El eje de la pesquisa judicial se centra en la evidente disparidad entre los ingresos declarados de los acusados y el valor de la propiedad adquirida. El magistrado busca establecer cómo es posible que Pantano, inscripto como monotributista, y Conte, en su condición de jubilada, hayan reunido los fondos necesarios para comprar la "mega mansión".
La hipótesis de los investigadores apunta a determinar si madre e hijo actuaron como prestanombres para ocultar el verdadero patrimonio del número dos de Claudio "Chiqui" Tapia. La Justicia intenta trazar la ruta del dinero para confirmar si los fondos provinieron, en realidad, de las arcas vinculadas al tesorero de la AFA.
La conexión Miami
El frente judicial de Toviggino no se limita al ámbito local. En las últimas horas se conoció que la Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre "extrañas operaciones financieras" realizadas en la sede que la AFA posee en Miami.
De acuerdo a la información que trascendió, se detectaron movimientos sospechosos por cerca de US$ 42 millones, los cuales habrían sido depositados en cuatro sociedades constituidas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada, lo que encendió las alarmas sobre posibles maniobras de lavado de activos a escala internacional.
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