El juez Diego Amarante ordenó la medida que también alcanza a Pablo Toviggino y al resto de la mesa directiva. Buscan pruebas sobre la presunta apropiación indebida de aportes previsionales denunciada por ARCA.
Política30 de diciembre de 2025
Sección País
La ofensiva judicial contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se toma descanso ni siquiera en enero. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil de Claudio "Chiqui" Tapia y resolvió habilitar la feria judicial para acelerar la investigación por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales.
La medida de prueba dispuesta por el magistrado no se limita solo al presidente de la entidad madre del fútbol argentino. El rastreo patrimonial y financiero también alcanza a su mano derecha y tesorero, Pablo Toviggino, y a los demás integrantes de la mesa directiva que manejan los fondos de la calle Viamonte: el Secretario General, Cristian Ariel Malaspina, y el Director General, Gustavo Lorenzo.
La imputación y la responsabilidad de la cúpula
La decisión de Amarante se produce luego de que, la semana pasada, el fiscal Claudio Navas Rial imputara formalmente a Tapia basándose en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador le atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, acumulada en los últimos dos años.
En su dictamen, el fiscal consideró que Tapia tiene responsabilidad penal por su rol institucional y por ser quien detenta la administración de la clave fiscal de la asociación. Sin embargo, dada la "dimensión económica" de la AFA y los montos investigados, Navas Rial solicitó extender la pesquisa al resto de la cúpula, al entender que necesariamente intervinieron en la gestión y disposición de esos fondos.
La maniobra denunciada
El expediente se inició tras una presentación de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. La acusación sostiene que la entidad retuvo tributos (IVA y Ganancias) y contribuciones de la Seguridad Social correspondientes a empleados propios y de los clubes de fútbol, pero no los ingresó al fisco dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
Según el detalle de la denuncia, las irregularidades abarcan el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de este año. La figura penal bajo análisis contempla penas de prisión de dos a seis años para quien, mediante "ocultaciones maliciosas" o ardides, no deposite los aportes retenidos, configurando una defraudación al sistema de seguridad social.
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