Sección País
El Gobierno nacional decidió avanzar con lo que denomina una "reforma de segunda generación" del Sistema de Inteligencia Nacional. La iniciativa, sustentada en nuevos decretos, busca profundizar la integración y eficiencia de los organismos de espionaje, estableciendo una "Comunidad de Inteligencia" coordinada por la SIDE. El objetivo oficial es facilitar el intercambio de información entre agencias criminales, militares y financieras, incorporando además datos de áreas económicas y sanitarias.
Entre los cambios técnicos más relevantes, la reforma plantea una división tajante entre ciberinteligencia y ciberseguridad. Esta última pasará a depender de la Jefatura de Gabinete a través de un nuevo Centro Nacional, mientras que la inteligencia digital seguirá orientada a la estrategia estatal. Asimismo, se disolverá la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) para centralizar el análisis en el Estado Mayor Conjunto y evitar duplicidad de tareas. Según fuentes oficiales, esto implica un recorte real de competencias a la SIDE, limitándola a la contrainteligencia ante amenazas externas y prohibiendo su intervención en asuntos políticos internos.
Sin embargo, los anuncios desataron una tormenta política en el Congreso. La oposición, encabezada por el kirchnerismo, rechazó de plano las modificaciones argumentando que instauran un "Estado policial". El diputado Leopoldo Moreau denunció que las nuevas facultades, sumadas a la posibilidad de que la SIDE aprehenda personas en flagrancia según el DNU 941/2025, clausuran la conducción civil y crean una "policía secreta" de facto.
Las críticas no llegaron solo desde el peronismo. La Coalición Cívica y el socialismo también alertaron sobre la ambigüedad en la definición de las "amenazas a la seguridad nacional", lo que podría habilitar espionaje político bajo la excusa de la defensa. Por su parte, el exministro de Defensa Jorge Taiana advirtió sobre el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Ante este escenario, la Comisión Bicameral de Inteligencia se prepara para formalizar un pedido de informes al Ejecutivo, mientras bloques opositores buscan coordinar una sesión para rechazar el decreto en el recinto.
