Tras la feria judicial, se define el destino de la denuncia que expuso la ruta del dinero de la Selección. Del celular descartado por Faroni en Aeroparque a la maniobra para unificar todas las causas en un juzgado "amigable".
Política01/02/2026
Sección País
El final del receso de enero reactivó los tribunales y, con ello, la causa más sensible para el poder del fútbol argentino. Mientras la pelota vuelve a rodar, los jueces que investigan a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) esperan una decisión inminente que podría cambiar la suerte de Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino.
Un camarista del fuero penal ordinario, Ignacio Rodríguez Varela, tiene en sus manos la "bomba" financiera que amenaza a la dirigencia: debe definir qué juzgado investigará la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien aportó 3.000 páginas de registros bancarios sobre la ruta del dinero de la Selección en el exterior.
Lo que está en juego no es menor. Según la documentación presentada el pasado 29 de diciembre, la empresa TourProdEnter —propiedad del empresario teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette— recaudó más de US$ 260 millones en los últimos cuatro años gracias a la gestión de amistosos y derechos comerciales de la AFA. De esa montaña de dinero, al menos US$ 42 millones se fugaron a cuatro sociedades fantasma en Florida (EE.UU.) sin empleados ni actividad real.
La denuncia de Tofoni por "administración fraudulenta y asociación ilícita" expuso un contrato leonino. Los documentos secuestrados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en la sede de la calle Viamonte revelaron que la empresa de Faroni se quedaba con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior.
Pero el negocio no terminaba ahí: TourProdEnter también embolsaba un 10% extra sobre todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de "logística".
La tensión escaló la madrugada del 30 de diciembre. Horas después de la denuncia, el juez Armella ordenó allanar la casa de Faroni en Nordelta. El operativo se precipitó tras un episodio de película en Aeroparque: Faroni intentaba abordar un avión privado rumbo a Punta del Este cuando fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Antes de ser demorado, el empresario logró descartar su teléfono celular. Aunque el aparato fue recuperado, en Tribunales aseguran que no se pudo determinar si Faroni tenía información previa del allanamiento, pese al análisis de las cámaras de seguridad.
Aquí comienza la verdadera batalla. Tofoni radicó su denuncia en el fuero criminal ordinario para evitar la justicia federal, donde ya había sufrido reveses. Sin embargo, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron enviar el expediente a Lomas de Zamora, argumentando que allí ya investigaba Armella.
Pero la defensa de la AFA, ahora encabezada por el abogado Alejandro Higa —el mismo que frenó las SAD en la justicia—, tiene un plan más ambicioso: llevar todo a Campana.
El juez federal de esa localidad, Adrián González Charvay, recibió hace dos semanas la causa que investiga la mansión de Pilar adjudicada a Toviggino, una propiedad de lujo que figura a nombre de presuntos testaferros (un monotributista y su madre jubilada).
La estrategia de los abogados de Tapia es clara: lograr que el juzgado de Campana absorba todos los expedientes por conexidad. Si la Cámara confirma la incompetencia del fuero ordinario, las pruebas bancarias de los US$ 260 millones viajarían primero a Lomas y, finalmente, recalarían en Campana. En los pasillos de AFA lo definen como un "jaque mate" a las investigaciones.
Mientras se define la competencia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso la lupa sobre otra irregularidad. Al designar a su abogado, Tapia y Toviggino fijaron domicilio en Mercedes 1366, Pilar.
Cuando los inspectores fueron al lugar, se encontraron con una burla: solo había un cartel que rezaba "Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo". El organismo recaudador se prepara para impugnar ese domicilio, utilizado sistemáticamente para esquivar los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ) en la Ciudad de Buenos Aires.
El reloj corre. En febrero, la Cámara Federal de La Plata también debe decidir si confirma al juez Armella en Lomas de Zamora. Mientras tanto, las pruebas de los millones fugados a Florida esperan en un limbo judicial, aguardando saber qué juez se animará a investigarlas.
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