Sección País
En el mundo de las criptomonedas, el anonimato es una bendición hasta que tenés que ir a golpear la puerta de un tribunal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acaba de dictar una cátedra sobre los límites de la justicia analógica frente a la timba digital. Este miércoles 18 de febrero, el magistrado rechazó el pedido de dos ciudadanos bielorrusos que pretendían ser querellantes en la causa que investiga la presunta estafa del token "Libra".
La defensa de los bielorrusos, encabezada por Nicolás Oszust , presentó un historial de transacciones realizadas a través de Phantom Wallet. Y ahí estuvo el error fatal.
En criollo: mostrar una captura de pantalla de una Phantom Wallet no prueba que esa plata fuera tuya. "No aporta elemento alguno que permita identificar a la persona que detentaba el control de la clave privada", sentenció el fallo.
Para colmo, cuando el juzgado pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a Migraciones, el resultado fue nulo: no figuran en ningún lado. Son fantasmas financieros reclamando millones reales.
Pero Martínez de Giorgi se guardó una carta política para el final. El fallo invoca el derecho internacional y recuerda que los solicitantes son nacionales de Bielorrusia, un país aliado de Rusia y castigado con severas sanciones financieras por la Unión Europea.
El juez citó la normativa europea que prohíbe prestar servicios de criptoactivos a residentes de ese país y advirtió que, para la ley argentina de prevención de lavado de activos, operar con una jurisdicción sancionada es una bandera roja gigante.
"La vinculación con una jurisdicción sujeta a sanciones constituye un factor relevante que conlleva a extremar los recaudos", argumentó.
Sin poder probar el origen lícito de los fondos y operando desde las sombras de una billetera anónima, los inversores del este europeo se quedaron afuera del expediente. La causa "Libra" sigue, pero por ahora, sin querellantes VIP.
