Sección País
En un giro político que descolocó a propios y ajenos, el ecosistema digital y la gestión pública bonaerense encontraron un punto de contacto inesperado. Marcos Galperín, el empresario más emblemático del sector tecnológico y crítico recurrente de las políticas de Axel Kicillof, utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una sentencia categórica: “Hay que prohibir los celulares en las escuelas”. La frase, aunque breve, disparó una fuerte repercusión por el contexto: se produjo justo cuando en territorio bonaerense comenzó a regir una normativa que persigue, precisamente, ese objetivo.
Desde este lunes 2 de marzo, entró en plena vigencia en la provincia de Buenos Aires la Ley 15.534. La norma, sancionada por la Legislatura provincial a finales de 2025, establece que en todas las escuelas primarias los teléfonos móviles deben permanecer guardados y apagados durante toda la jornada escolar, incluyendo los recreos. La única excepción permitida es que un docente autorice su uso para una actividad pedagógica específica y planificada.
Lo que resulta disruptivo para el análisis de la "rosca" política no es la medida en sí, sino los protagonistas del consenso. Galperín, quien ha mantenido enfrentamientos públicos con el gobernador por la presión tributaria, los regímenes de retenciones a billeteras virtuales y las trabas regulatorias, terminó validando la agenda de Unión por la Patria. El oficialismo bonaerense impulsó esta ley bajo un eje estrictamente pedagógico y vincular, buscando "proteger el desarrollo cognitivo" de los menores.
El empresario llegó a la misma conclusión a través de una mirada global sobre la salud mental. Al compartir un artículo que vincula la masificación de los smartphones con la caída en las pruebas de aprendizaje y el aumento de la depresión adolescente, Galperín dejó de lado su habitual perfil combativo contra la intervención estatal para pedir, sin matices, una prohibición.
Esta insospechada sintonía demuestra que el debate sobre el impacto de las pantallas ha logrado perforar las divisiones ideológicas clásicas. Mientras el gobierno de Kicillof implementa una restricción fuerte para recuperar el clima escolar, el líder de Mercado Libre —el máximo exponente de la transformación digital en la región— admite que el entorno educativo necesita límites de hierro frente a la tecnología que él mismo promueve.
La fundamentación de la Ley 15.534 no es caprichosa y se apoya en datos que el propio sector privado observa con preocupación. Según la evidencia citada durante el debate legislativo, los estudiantes pueden perder hasta un 20% del tiempo de clase distraídos con notificaciones o contenidos ajenos a la educación. En un país donde más de la mitad de los alumnos de primaria no alcanzan niveles básicos en matemática, la interrupción constante de los dispositivos se convirtió en una variable crítica.
La normativa bonaerense busca atacar tres frentes simultáneos:
Rendimiento académico: Evitar que el flujo de notificaciones fragmente la concentración necesaria para procesos de aprendizaje complejos.
Socialización: Fomentar el juego físico y el vínculo cara a cara durante los recreos, espacios hoy colonizados por el consumo individual de pantallas.
Seguridad emocional: Reducir los incidentes de ciberbullying que se gestan o potencian dentro del horario escolar.
La postura de Galperín y la ejecución de Kicillof no son hechos aislados, sino que se inscriben en una tendencia que ya recorre Europa y varios países de América Latina. Gobiernos de signos políticos opuestos han avanzado con regulaciones similares al entender que el uso indiscriminado de dispositivos en niños no es un derecho individual, sino un problema de salud pública y soberanía pedagógica.
La paradoja es total: el hombre que digitalizó el consumo en América Latina termina respaldando una regulación restrictiva sobre el objeto que es el corazón de su negocio. El texto de la ley provincial es cuidadoso en aclarar que “no se trata de tecnofobia”, sino de organizar el uso de las herramientas para que estén al servicio del maestro y no al revés.
En definitiva, la Ley 15.534 y el posteo de Galperín parecen ser las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la respuesta institucional de un Estado que busca recuperar autoridad en el aula; por el otro, la advertencia de un capitán de industria que reconoce que la hiperconectividad tiene un límite ético y cognitivo. Al menos en la escuela primaria, la grieta parece haber encontrado un territorio de tregua forzada por la realidad de las estadísticas.
