Sección País
El proceso para cubrir la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) ingresó en su etapa de definiciones con un escollo administrativo. La Fundación Apolo, a través de su apoderado José Lucas Magioncalda, formalizó una impugnación contra la candidatura de Ernesto Gaspari, quien fue propuesto por el Poder Ejecutivo para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de activos.
La presentación, realizada ante el Ministerio de Justicia, detalla una serie de objeciones que ponen el foco en el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley 25.246. Según el escrito, la postulación de Gaspari no lograría satisfacer los estándares de idoneidad técnica y transparencia necesarios para un cargo de tal relevancia institucional.
El argumento central de la observación se basa en el artículo 11, inciso b) de la mencionada ley, que exige antecedentes profesionales específicos en la materia para los integrantes de la UIF. De acuerdo al análisis del currículum presentado, la Fundación Apolo sostiene que el postulante no acredita experiencia concreta, formación académica ni trayectoria vinculada al régimen de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
“Al encontrarse objetivamente acreditado que el postulante carece de antecedentes profesionales específicos... no se configura el presupuesto exigido por la ley”, sostiene el documento. La impugnación resalta que la conducción del organismo requiere una capacidad probada para dialogar con estándares internacionales como los del GAFI, algo que, a criterio de los impugnantes, se ve comprometido por el perfil predominantemente político de Gaspari.
Otro de los puntos sensibles de la presentación radica en presuntas contradicciones detectadas en la documentación oficial. El escrito señala que Gaspari declaró bajo juramento no haber integrado asociaciones civiles en los últimos ocho años. Sin embargo, en sus propios antecedentes curriculares figuraría como miembro vitalicio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), entidad que posee ese carácter legal.
Asimismo, se menciona la omisión en su currículum de un cargo de jerarquía política: su desempeño como Subsecretario de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 2016 y junio de 2017. Para la Fundación Apolo, estas inconsistencias afectan la confiabilidad del mecanismo de control y proyectan dudas sobre la idoneidad moral exigible para el cargo.
Este escenario de objeciones se ventilará formalmente mañana, 6 de marzo, a las 10, durante la audiencia de designación. En ese marco, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la solidez de las observaciones planteadas antes de avanzar con el nombramiento definitivo.
La discusión no es solo técnica; la UIF atraviesa un período de fuerte escrutinio por parte de organismos evaluadores internacionales, lo que obliga al Gobierno a garantizar que el perfil elegido cumpla con el estándar de independencia operativa y autonomía funcional que requiere el sistema antilavado.
