Sección País
En medio de la constante disputa narrativa sobre el rol del Estado bajo la administración de Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a marcar la cancha con un sorpresivo mensaje difundido en sus redes sociales. Con el objetivo de ordenar el frente interno y justificar la inversión en asistencia directa, la funcionaria lanzó una contundente máxima que busca sepultar la terminología de las últimas décadas: “Técnicamente, no existen los planes sociales”.
A través de un video institucional de tono sobrio pero cargado de intencionalidad política, Pettovello se metió de lleno en el debate sobre el gasto público y trazó una frontera innegociable entre lo que el Gobierno considera "seguridad social" y las "herramientas de política pública". La jugada de la ministra no es casual: busca desarmar las críticas de los sectores más ortodoxos por el incremento en ciertas partidas sociales, al mismo tiempo que revalida su guerra abierta contra los dirigentes piqueteros y las organizaciones sociales.
Para la titular de Capital Humano, la confusión terminológica esconde un problema político profundo. En su exposición, la ministra se encargó de desmenuzar las categorías. “No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social”, dictaminó, para luego aclarar que las jubilaciones y pensiones son derechos establecidos por ley que se otorgan de manera automática.
El dardo más venenoso de su alocución estuvo dirigido, sin nombrarlos, a los llamados "gerentes de la pobreza". Al definir las prestaciones formales, Pettovello subrayó con énfasis: "No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales; eso no es un plan, es seguridad social".
En la otra vereda, ubicó a los programas sociales, a los que despojó de cualquier aura de derecho adquirido para reducirlos a meras contingencias administrativas. Según la funcionaria, se trata de "herramientas de política pública focalizada" que están atadas a resultados estrictos. En una tajante advertencia sobre el futuro de cualquier iniciativa de este tipo, sentenció: "Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”.
El tramo final del mensaje de Pettovello funcionó como una férrea defensa de la gestión de Javier Milei frente al deterioro del tejido social heredado y el impacto del sinceramiento económico. La ministra eligió contrastar los números actuales con la foto de salida del gobierno anterior, utilizando a la Asignación Universal por Hijo (AUH) como su principal estandarte.
“En diciembre de 2023, la AUH, con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%”, detalló la funcionaria, exhibiendo uno de los pocos indicadores de recomposición que el oficialismo levanta como bandera en el terreno social.
Anticipándose a quienes acusan al Gobierno libertario de mantener el esquema asistencialista, Pettovello aplicó un encuadre preciso a los datos: “Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema”. Además, remarcó que bajo la actual gestión "corregimos una inconsistencia del sistema", y garantizó que "no aumentó la cantidad de programas sociales ni la cantidad de personas asistidas”, reafirmando el mantra del déficit cero y el ajuste del padrón.
Cabe recordar que la AUH es una de las transferencias directas más robustas del esquema estatal. Está destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años que se encuentran fuera del mercado laboral formal, abarcando a desocupados, trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales y empleados del servicio doméstico con ingresos bajos. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio no tiene tope de edad.
Fiel a la lógica de las "condicionalidades" que mencionó la ministra, el sostenimiento de esta cobertura exige contraprestaciones ineludibles por parte de los beneficiarios. El Estado obliga a las familias a acreditar periódicamente los controles de salud, la asistencia escolar regular y la presentación anual de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, requisitos que ahora el Ministerio de Capital Humano promete auditar con lupa.
