Máxima tensión en Jujuy: protesta policial, caos frente a la Casa de Gobierno y dura advertencia de Carlos Sadir

El clima social en la provincia de Jujuy volvió a tensarse al máximo en los últimos días. Lo que había comenzado semanas atrás como un persistente, pero silencioso reclamo por una mejora salarial en las filas de la Policía de Jujuy, escaló de manera drástica este lunes y derivó en un fuerte piquete frente a la Casa de Gobierno. La jornada, marcada por el nerviosismo institucional, combinó reclamos legítimos, mesas de negociación contrarreloj y episodios de violencia callejera que obligaron al gobernador Carlos Sadir a marcar la cancha con una tajante determinación política.

La céntrica Plaza Belgrano fue el escenario de una postal de extrema delicadeza para cualquier administración: fuerzas de seguridad protestando contra el propio Estado. La manifestación, impulsada por efectivos y sus familiares, perdió rápidamente su carácter pacífico. Con el correr de las horas, la escena fue copada por manifestantes con los rostros cubiertos, quema de neumáticos y una incesante lluvia de pirotecnia dirigida hacia la fachada de la sede gubernamental.

La paradoja de la jornada quedó plasmada en el operativo de contención. El edificio tuvo que ser rodeado por un cordón policial y custodiado por personal de infantería, generando una situación de máxima fricción al enfrentar a los efectivos encargados de la seguridad con sus propios camaradas de armas. Si bien se registraron intentos de derribar la reja perimetral del recinto, la tensión no pasó a mayores y no se produjeron enfrentamientos físicos entre los uniformados.

La disputa por los números: de 900 mil a 1,4 millones

El nudo del conflicto es estrictamente económico y refleja el impacto de la crisis en los bolsillos de las fuerzas de seguridad provinciales. En la actualidad, los agentes jujeños perciben un salario básico cercano a los 900.000 pesos, una cifra que la base policial considera insuficiente. El petitorio central exige que ese piso ascienda a 1.400.000 pesos, lo que se traduce en un reclamo de un aumento del 35% al sueldo básico y un 20% adicional en otros ítems salariales.

En medio de los incidentes en la calle, representantes de los manifestantes mantuvieron cónclaves a puertas cerradas con las autoridades provinciales. “Trajimos el pedido de manera escrita, con una escala salarial realizada por un ex miembro de la policía que trabajaba en la liquidación de sueldos”, detalló al portal local Todo Jujuy Cecilia Mamaní, familiar de un efectivo y vocera de la comitiva.

Frente a este escenario, la administración de Carlos Sadir ensayó una contrapropuesta estratégica. Lejos de ceder a los porcentajes exactos exigidos en medio de la presión callejera, el Gobierno provincial ofreció una revisión y actualización de distintos conceptos técnicos que componen la estructura del salario policial. Esta maniobra logró descomprimir la olla a presión.

“Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro”, confirmó un referente del personal activo del Servicio Penitenciario, quien aseguró que “se llegó al mejor acuerdo posible”. Las partes firmaron una tregua y pactaron un nuevo encuentro para dentro de dos semanas, buscando sellar la paritaria definitiva.

Duro revés judicial para los violentos y el fantasma nacional

Pese al principio de acuerdo económico que logró desactivar la huelga, el Gobierno de Jujuy decidió no dejar pasar el desafío callejero e hizo valer su autoridad para evitar que la protesta se lea como un signo de debilidad institucional. Mediante un comunicado oficial, la gestión repudió la escalada de violencia y lanzó una firme advertencia a los sectores más radicalizados del reclamo.

“El Gobierno de Jujuy mantendrá una postura firme frente a sectores violentos que, con premeditación y sin ningún tipo de representatividad, intentan hacer de una instancia de diálogo salarial una escalada de vandalismo y caos”, disparó el Ejecutivo provincial.

En un movimiento de pinzas que combinó la política con el peso de la Justicia, la administración confirmó que "los responsables de los ataques fueron debidamente identificados" y anunció la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación. El objetivo de Sadir es claro: aislar a los grupos violentos de la legítima demanda salarial y exigir que "se apliquen las sanciones pertinentes".

“El Gobierno de Jujuy no permitirá que intereses minoritarios socaven la institucionalidad, reafirmando pleno compromiso con la convivencia en paz, el orden, el respeto y la tolerancia”, sentenció el texto oficial, blindando la figura del Gobernador frente a la crisis.

El encuadre del conflicto jujeño no es un dato aislado en el mapa político argentino. Esta crisis representa la segunda protesta policial de gran magnitud en lo que va de 2026. En febrero, un levantamiento de características similares paralizó a la ciudad de Rosario, en Santa Fe, evidenciando que la licuación de los ingresos de las fuerzas de seguridad es un polvorín latente que los gobernadores provinciales miran con extrema preocupación.