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Tras más de 25 años de negociaciones, la Comisión Europea anunció que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del próximo 1° de mayo. La medida, impulsada por el Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen, habilitará la eliminación inmediata de diversos aranceles entre ambos bloques.
La puesta en marcha transitoria abarcará exclusivamente a los Estados que hayan completado sus procedimientos de ratificación y notificado esa circunstancia antes de fin de mes. En lo que respecta al bloque sudamericano, la Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con el envío de la notificación oficial. Por su parte, Paraguay concluyó recientemente su trámite interno y enviará la confirmación formal en los próximos días para garantizar su inclusión en esta etapa.
El tratado sentará las bases para conformar una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo al conectar a las cuatro naciones sudamericanas con los 27 integrantes de la UE. Desde el plano operativo, la medida suprimirá gravámenes de forma escalonada e incentivará las exportaciones recíprocas en sectores estratégicos:
Beneficios para el Mercosur: Obtendrá un mayor acceso al mercado europeo, que abrirá sus puertas a casi el 92% de las importaciones. Habrá cuotas y preferencias para bienes agrícolas y agroindustriales de gran peso como carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja.
Beneficios para la UE: Ampliará sus oportunidades para colocar en Sudamérica productos de mayor valor agregado, entre los que se destacan automóviles, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas.
Pese al avance diplomático, la implementación del pacto no está exenta de fuertes controversias. En Francia, el sector agrícola y diversas entidades vinculadas a la seguridad alimentaria lideran un férreo rechazo a la medida. Los productores europeos advierten sobre el ingreso de mercadería a precios más bajos y sostienen que los estándares de producción sudamericanos podrían no coincidir con las estrictas exigencias sanitarias de la UE.
Estas objeciones derivaron en una escalada institucional durante enero, cuando el Parlamento Europeo solicitó formalmente que la Corte de Justicia examine la legalidad del acuerdo. Ante esta incertidumbre, la Comisión optó por avanzar con la aplicación provisional mientras aguarda el dictamen definitivo del tribunal, un procedimiento que, según las estimaciones institucionales, podría demorar hasta un año y medio.
