Sección País
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sumó un nuevo expediente judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La jueza de instrucción Paula Petazzi se declaró incompetente en la causa por el presunto desvío de USD 300 millones y envió el expediente a la jurisdicción bonaerense a pedido del propio magistrado.
González Charvay conservará también la investigación sobre los titulares de una mansión en Pilar valuada en USD 20 millones. La Justicia adjudicó la propiedad a Pablo Toviggino, tesorero de la organización deportiva. La decisión de unificar los expedientes concentró las denuncias por lavado de activos y el uso de sociedades fantasma en el exterior.
La hipótesis principal apuntó a un presunto despojo patrimonial para la entidad mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC. La cúpula directiva, integrada por Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gillette y Javier Faroni, orquestó maniobras de vaciamiento. La firma, contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos y patrocinios de la Selección nacional, retuvo una comisión del 30% y canalizó el dinero hacia sociedades en el extranjero.
Esta operatoria evitó el ingreso de los fondos a las cuentas oficiales de la institución. La ruta del dinero incluyó transferencias millonarias, como el giro de USD 40.000 a la cuenta de María Florencia Sartirana, señalada en el expediente como pareja de Toviggino.
Petazzi argumentó que la ocultación de ingresos a través de una red internacional de intermediarios financieros afectó al sistema tributario argentino y a las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, la Magistrada determinó que el fraude interno resultará inescindible de los posteriores actos de blanqueo de capitales, por lo que dividir las causas entorpecería la búsqueda de la verdad y duplicaría los recursos estatales.
La resolución judicial desestimó el reclamo del agente querellante Guillermo Tofoni, quien pretendió que la defraudación tramitara en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. El empresario fundamentó su pedido en que los contratos se firmaron en la sede central de la calle Viamonte.
La Cámara Federal de Casación Penal tendrá la decisión final sobre la competencia jurisdiccional de estas causas. Los jueces Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky convocaron a una audiencia entre los acusados y la fiscalía para el 30 de marzo.
