Sección País
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión que obligó al Estado Nacional a indemnizar a un grupo de víctimas de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. El siniestro ferroviario provocó la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada, y ocasionó casi 800 heridos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos extraordinarios que presentaron el Estado nacional y Liderar Compañía General de Seguros. El tribunal aplicó el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y declaró inadmisibles los planteos. De esta manera, el máximo tribunal ratificó la jurisprudencia que aplicó en expedientes similares sobre el caso.
Las demandas civiles incluyeron a los sobrevivientes Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, y a la familia de Sonia Torres Rolón, una pasajera de 28 años que falleció durante la colisión. Flamenco sufrió politraumatismos tras el impacto, mientras que Delgado Ferreira figuró en las primeras listas de traslados a los 13 hospitales porteños que recibieron a los heridos.
El siniestro ocurrió a las 8.33, cuando la formación número 3772 de la línea Sarmiento impactó contra los paragolpes de contención de la plataforma dos. El tren operó bajo la concesión de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y trasladó a mil 200 pasajeros. La causa determinó que el conductor Marcos Córdoba ingresó a la terminal con una velocidad de 20 km/h, que el sistema de frenos falló y que el mecanismo hidráulico del paragolpes no funcionó. Por la fuerza del choque, el segundo vagón se incrustó seis metros dentro del primer coche.
La Justicia Civil de primera instancia y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenaron previamente a todas las partes a abonar las indemnizaciones. Los tribunales determinaron que TBA omitió los controles operativos y que el Estado Nacional falló en su deber de fiscalización sobre el servicio prestado. El Estado apeló la medida bajo el argumento de que la culpa recayó de manera exclusiva sobre la empresa y el conductor.
La resolución de la Corte agotó la instancia de apelación civil y habilitó el pago a los damnificados. En paralelo, los procesos penales Once I y Once II concluyeron años atrás con la condena de 21 acusados, entre ellos empresarios, el maquinista y el exministro Julio De Vido, quien recibió una pena de 4 años de prisión que quedó firme el año pasado.
