Sección País
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formalizó el martes un contundente reclamo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La exigencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) persigue el cobro de una deuda que supera los $27.000 millones. El pasivo se originó por la atención diaria de las personas en situación de calle que tienen domicilio en la Provincia, pero que reciben asistencia en el territorio porteño.
A través de sus redes sociales, el mandatario porteñoñ apuntó directamente contra su par bonaerense. "Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno", manifestó Macri en su descargo público. En la misma publicación, el funcionario exigió: "Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley". Asimismo, subrayó que la Provincia tiene la obligación de dar alojamiento a su población vulnerable.
La controversia administrativa se sustenta en una base jurídica específica. Según el planteo, la normativa determina que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus propios residentes. Para fundamentar la intimación, la Ciudad se amparó en los lineamientos del Decreto 373/2025 y en la Ley 13.956 bonaerense. Bajo este marco, se documentó que actualmente CABA asiste a 2.327 personas provenientes de la Provincia en sus Centros de Inclusión Social.
El impacto en las arcas públicas fue detallado con precisión para justificar la medida. El costo mensual por cada individuo alojado asciende a $1.163.135. Al computar esa cifra por el padrón de asistidos, el área económica calculó un gasto total de $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto mencionado en la argumentación oficial.
Frente a estos números, la administración porteña advirtió que la dinámica genera un desbalance financiero originado en el esfuerzo de los contribuyentes locales. En contrapartida, las autoridades señalaron que esta asimetría operativa le garantiza un abrupto ahorro al gobierno de Kicillof.
Para canalizar el requerimiento por la vía institucional, intervinieron los ministros Gabriel Mraida, de Desarrollo Humano y Hábitat, y Gustavo Arengo, de Hacienda y Finanzas. Ambos funcionarios enviaron una nota formal a Pablo López, ministro de Economía bonaerense. En el documento interministerial, solicitaron "la inmediata transferencia de los recursos necesarios".
La respuesta desde La Plata llegó en un tono marcadamente confrontativo y con un rechazo de plano al reclamo económico. El ministro provincial Augusto Costa ofició de vocero de la postura oficial y desestimó la exigencia de la Ciudad. "El nivel de cinismo es total", sentenció en su réplica pública.
En sus declaraciones, el funcionario de Kicillof afirmó que la Capital Federal "no es una isla" y vinculó la problemática a las consecuencias del contexto económico nacional. Finalmente, Costa acusó a la gestión porteña de no hacerse cargo de sus responsabilidades y de culpar a los sectores más vulnerables.
