Sección País
El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto 219/2026, que habilita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias. La medida implica anticipos de recursos que, por ley, pertenecen a las jurisdicciones beneficiarias, pero que serán girados antes de término para cubrir necesidades financieras inmediatas y deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal.
En los considerandos del texto oficial -firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manual Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo- se consignó que varias administraciones se encuentran "impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes". El listado incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos ya había sido incorporada en enero de 2026.
La decisión llega en un contexto de deterioro de los ingresos provinciales y de presión política interna. Distintas consultoras y centros de investigación muestran que se han sucedido caídas reales en las transferencias automáticas y en la coparticipación. Por ejemplo, según Politikon Chaco, las primeras registraron una contracción del 6,4% en el primer trimestre, mientras que el CEPA consignó una caída interanual del 7% en la segunda en marzo.
El esquema establece una tasa uniforme del 15% para el financiamiento de esos adelantos, significativamente inferior a las tasas de mercado para financiamiento provincial, que oscilan entre el 30% y el 45%. Con esto apuntan a evitar que las jurisdicciones recurran a un endeudamiento más caro y a proveer margen de negociación con gobernadores aliados que enfrentan tensiones en sus cuentas.
Con el nuevo régimen se reemplaza el mecanismo tradicional de pedidos mensuales y discrecionales de adelantos extraordinarios, en el que las provincias informaban sus necesidades y la Casa Rosada decidía los montos según su participación en la masa coparticipable y su capacidad de repago. En esta oportunidad, el decreto pretende sistematizar el procedimiento y fijar un tope global para los anticipos.
El límite de $400.000 millones opera como un máximo agregado, pero el decreto no fija montos específicos por jurisdicción. La normativa encomienda a la secretaría de Hacienda la tarea de asignar los montos en función de la participación de cada provincia en la recaudación nacional y de su capacidad de repago, lo que introduce criterios técnicos para la distribución. La medida fija que dicha entidad puede "disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos".
La mayor parte de las jurisdicciones alcanzadas presenta alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación afecta la capacidad para afrontar gastos corrientes, especialmente el pago de salarios en sectores esenciales como educación, salud y seguridad, que concentran entre el 70% y el 80% del gasto provincial.
Anticipar la coparticipación otorga liquidez inmediata pero reduce envíos futuros, obligando a las administraciones a ordenar sus cuentas durante el mismo año fiscal. En ese marco, el adelanto aparece como una herramienta de corto plazo para sostener la liquidez frente a ingresos en descenso, aunque su eficacia dependerá de la evolución de la recaudación y de la gestión fiscal de cada provincia.
