Incomodidad en el Gobierno por el caso del avión venezolano-iraní

Con el objetivo de no quedar salpicado por una situación internacionalmente sensible, el Gobierno buscó deslindar responsabilidades sobre las implicancias políticas y judiciales de la misteriosa llegada del avión carguero de la empresa venezolana Emtrasur Cargo que trajo a la Argentina a cinco ciudadanos iraníes, y que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza a la espera de una decisión final de la justicia federal de Lomas de Zamora.

El caso está en manos del juez federal Federico Villena por partida doble. El magistrado, que ayer decidió continuar investigando, debe resolver en los próximos días la situación de la aeronave, que habría sido utilizada anteriormente por el grupo iraní Al Quds, identificado como terrorista por los Estados Unidos, y la de los ciudadanos iraníes, a pedido de diputados opositores que le solicitaron investigar a toda la tripulación.

Fuentes oficiales informaron al diario La Nación que Migraciones "está encargada de controlar únicamente el ingreso y egreso de personas, lo que incluye el movimiento de las tripulaciones", pero no de los vuelos. En ese sentido, aclararon que "la tripulación de la aeronave fue sometida a todos los chequeos de seguridad contrastando con bases y organismos internacionales, siendo estos superados en todos los casos". Asumieron que "bajo advertencia de la PSA, Migraciones, de forma preventiva, retuvo los pasaportes de la tripulación y envió notas informando de lo sucedido a la Agencia Federal de Inteligencia y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, quedando a disposición de los mismos para brindar los antecedentes que se estimen corresponder".

Hay quienes ven en este caso una jugada de La Cámpora, que domina Migraciones a través de su titular, Florencia Carignano, para perjudicar al presidente Alberto Fernández y al flamante titular de la AFI, Agustín Rossi.

Por lo pronto, Rossi atinó a decir en Radio Rivadavia que "las dos agencias del Estado que más estuvieron encargadas del tema fueron Migraciones y el Ministerio de Seguridad, pero estuvimos informados del tema". Además, el ahora jefe de los espías argentinos aclaró que la relación de su dependencia con la Justicia –en este caso, la federal de Lomas de Zamora– es "nula". 

En tanto, desde Cancillería afirmaron que las embajadas de Irán y Venezuela fueron informadas sobre la situación judicial de los tripulantes. Concretamente del hábeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, un exfuncionario de la AFIP condenado por la causa Ciccone, quien intercedió para que el avión, que supuestamente transportaba autopartes, obtenga combustible para retornar a Caracas.

Sin embargo, su recurso fue rechazado por el juez Villena y los cinco iraníes siguen con sus pasaportes retenidos, a la espera de que se defina su suerte.

Desde el Palacio San Martín también recordaron que el juez de Lomas de Zamora pidió informes a varios a Migraciones, PSA, ANAC y Aduanas “a fin de resolver la liberación del avión venezolano, inmovilizado en Ezeiza y la devolución de pasaportes a la tripulación iraní”, que en principio no tendría vinculación alguna con los funcionarios y exfuncionarios de Irán buscados por Interpol por su responsabilidad en el atentado a la AMIA.