El TSJ porteño apartó al juez Gallardo de la causa por los datos biométricos

El Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ)  apartó al juez Roberto Gallardo del expediente en el que suspendió la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos en la Capital Federal.

Por tres votos contra dos, el tribunal consideró válidos los argumentos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que recusó a Gallardo por “temor de parcialidad”.

El fallo se dio a conocer justo después de que el juez emplazara a un fiscal de la Ciudad a que se pronuncie antes del viernes sobre el caso, lo que presagiaba un inminente fallo de fondo sobre la acción de amparo iniciada por una ONG.

Los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi coincidieron en que “desde nuestro punto de vista, resultan atendibles los agravios esgrimidos por la demandada en el recurso de inconstitucionalidad que aquí se sostiene, en cuanto señalan que la actuación desplegada por del juez de grado ha puesto en penumbras la garantía de imparcialidad que debe regir su función”.

“De la propia compulsa de las actuaciones es posible verificar que la índole de las medidas adoptadas de oficio, desde la perspectiva de la demandada, pueden razonablemente generar sospecha de parcialidad”, añadieron.

El voto cuestionó que el juez “dispuso una serie de medidas para mejor proveer la pretensión cautelar traída por la actora en su escrito de inicio con fundamento en que resultaba necesario contar ‘… con elementos suficientes y actuales para evaluarla’”.

“El despliegue de medidas, sumado a la amplitud y vaguedad de ciertos pedidos formulados por el magistrado, permiten dar sustento a las sospechas expuestas por la demandada”, concluyeron.

Por su parte, la jueza Inés Weinberg consideró que el gobierno porteño “ha explicado suficientemente que, por encontrarse en juego la garantía constitucional del juez imparcial, concurren circunstancias especiales que ameritan su revisión y tratamiento en esta instancia”.

La jueza que había sido propuesta como procuradora general de la Nación durante el anterior gobierno consideró que el rechazo de Gallardo a la recusación en su contra “no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias obrantes en la causa”, que –según su opinión- “ponen en evidencia un clima de confrontación entre el magistrado y la demandada, que resulta a todas luces incompatible con el ejercicio de una jurisdicción imparcial”.

Los otros dos jueces, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz dijo se pronunciaron en contra de la recusación.

El juez Gallardo había emplazado apenas horas antes de ser apartado por la máxima instancia judicial porteña al fiscal Mariano Cordeiro para que a más tardar el viernes próximo por la  mañana se pronunciara como instancia previa a la emisión de un fallo definitivo.