Se trata de Francisco “Barba” Gutiérrez, de Quilmes; Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama.
15 de diciembre de 2021
Sección País
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de cuatro exintendentes procesados por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” mediante el manejo del plan denominado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) entre 2003 y 2015.
En fallo dividido, el máximo tribunal penal descartó habilitar una nueva etapa de revisión de los procesamientos contra Francisco “Barba” Gutiérrez, exintendente de Quilmes; Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama, por no tratarse de fallos definitivos o resoluciones que pongan fin a la investigación.
Así opinaron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero la tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, se había inclinado por habilitar la revisión “dada la particular circunstancia del caso en cuanto podría configurarse un supuesto de arbitrariedad de sentencia, encontrándose en juego el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido Proceso”.
En la causa, en la que están acusados otros 40 exintendentes y tres exjefes de Gabinete (todos en camino al juicio oral y público) se investiga el supuesto “empleo del marco legal GIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales".
Así lo definieron el fiscal Carlos Rívolo y el difunto juez Claudio Bonadio al dictar los procesamientos, y lo confirmaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
El monto de la presunta defraudación fue cuantificado en unos 600 millones de pesos.
El programa GIRSU destinaba aportes económicos del Estado Nacional para que un centenar de municipios desarrollaran sus programas de tratamientos de residuos sólidos.
Pero según Rívolo, terminó favoreciendo “el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades".
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