En plena crisis del crédito, la entidad pública financió a dirigentes del oficialismo y legisladores aliados durante la gestión de Daniel Tillard. La nómina de deudores salió a la luz mediante una plataforma web especializada.
El bloque de diputados del Frente de Todos solicitó a la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, que José Luis Espert sea removido de su banca por "inhabilidad moral", luego de que pidiera "bala o cárcel" para manifestantes del SUTNA que el último jueves tomaron el cuarto piso del Ministerio de Trabajo. Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al diputado nacional de Avanza Libertad por "incitación a la violencia".
Sin embargo, Espert dijo que no le preocupa el caso, resaltó que no pidió "la muerte de nadie" y apuntó: “Lo que me preocupa es la violencia de la vicepresidente que usa el Senado para lograr su impunidad, que las mafias gremiales tomen las calles, los edificios públicos y las empresas. Violencia es que la gente no llegue a fin de mes por una inflación galopante. Violencia es la explosión de la pobreza".
Asimismo, enfatizó: “Nosotros, los liberales y cada vez más gente, ya no tenemos miedo. Vamos a enfrentar la violencia institucional kirchnerista. Le pido a la gente que ya no tengamos más miedo. A los chorros, cárcel”.
En caso de que el pedido de los diputados kirchneristas prospere, se conformará en la Cámara baja una Comisión Especial para evaluar la conducta de Espert y proponer las sanciones disciplinarias "que el caso demanda".
La denuncia penal impulsada por el Gobierno, en tanto, recayó en el juzgado federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y solicita que se investigue el hecho como incitación a la violencia, un delito tipificado en el artículo 209 del Código Penal, que castiga a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".
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