Quiénes son los militantes K que realizan el ajuste en la TV Pública
En el área de Comunicación del Gobierno aseguran que los medios públicos no son prioridad. Todo esto es circunstancial. La casta se mantiene.
Los aumentos en el costo de la producción y de la materia prima afianzan la tendencia alcista. La sequía empieza a tener un papel preponderante.
07 de noviembre de 2022 Sección PaísEl precio del kilo de pan comenzó a venderse entre los $ 430 y $ 460 con una presión alcista que lo proyecta cerca de los $500 para antes de fin de año.
Los sostenidos aumentos de los costos de producción, mano de obra, combustibles y especialmente del trigo, forzaron a las panaderías a un nuevo ajuste en el precio del producto.
“Hoy un kilo de pan debiera estar entre $ 500 y $ 600, pero estamos tratando de aguantar lo máximo que podemos porque la gente algo tiene que llevar a la casa”, señaló a la agencia NA José Hernández, titular de la Cámara de Panaderos del Norte.
Por su parte, Emilio Majori, presidente del Centro de Panaderos de La Matanza, afirmó: “Con el precio de $ 450 nos estamos quedando cortos porque lo que vivimos la última semana con el tema de la inflación fue caótico”.
Al impacto sobre los costos que produce una inflación del orden de 100% anual, en el caso del pan se suma la delicada situación que atraviesa la producción de trigo por la histórica sequía que afecta a gran parte del país.
Hernández explicó que, por esta situación, la calidad del trigo cayó y entonces se necesita más harina para poder lograr la misma producción y ése es un factor que pega directo en el precio final del producto.
Por otra parte, según las proyecciones, la caída en la cosecha de trigo por la falla hídrica, está provocando un faltante de al menos 500 mil toneladas que presionará sobre el precio del principal insumo.
Sobre el fideicomiso que creó el Gobierno para subsidiar el precio del trigo, el dirigente aseguró que existe y está funcionando, pero que es insuficiente.
“No participan todos los molinos de ese fideicomiso y entonces no todas las panaderías tienen acceso a ese precio. Está funcionando y la plata está, pero no alcanza”, explicó.
“La bolsa de trigo subsidiada está cerca de los $ 2000, contra un precio normal que puede estar entre los $ 3200 y $ 3600, con un ritmo de aumento de casi $ 100 por semana”, añadió.
Al fideicomiso que administra la Secretaría de Comercio ingresaron 23 molinos, lo que representa cerca de un 50% del mercado.
De a acuerdo al mecanismo establecido, los molinos le venden a la panadería a $3100. Las panaderías pagan $1100 y los $ 2000 los paga el fideicomiso. Para ello, los molinos deben presentar la factura en la Secretaria de Comercio, luego una auditoria externa verifica la factura y se habilita el pago. Toda la operatoria demanda unos 15 días y en consecuencia los molinos se muestran reacios a seguir participando.
Hernández deslindó responsabilidades de las panaderías y señaló que el margen sobre los costos que se aplica es del orden del 40%.
Majori subrayó: "La última semana fue caótica para la inflación. Aumentó la nafta, los servicios y la bolsa de harina nos aumentó $ 800”.
Para Majori el fideicomiso está funcionando “a cuentagotas” y, según su experiencia, la cantidad de molinos participantes se redujo a sólo cuatro, que resulta insuficiente para abastecer a un universo de 40 mil panaderías.
En el área de Comunicación del Gobierno aseguran que los medios públicos no son prioridad. Todo esto es circunstancial. La casta se mantiene.
El exsecretario de Derechos Humanos fue oficializado como nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Se trata del abogado Franco Bindi, cercano a los servicios de inteligencia y a la petrolera venezolana PDVSA. Su relación con Marcela Pagano y las sospechas de Lilia Lemoine.
El Gobierno oficializó a María Ibarzabal Murphy al frente de la nueva área de la administración pública nacional.
La diputada nacional de La Libertad Avanza sufrió problemas de salud luego que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, frenara su nombramiento como titular de la comisión de Juicio Político.
Está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Horacio Azzolin.
El fallo de la Cámara Laboral cuestiona las razones de necesidad y urgencia invocadas por el gobierno para emitir el decreto.
La empresa Securitas aceptó en la Justicia una serie de pagos indebidos a funcionarios entre 2014 y 2018, aunque se investigan casos desde 2012. El Renaper, AYSA y el SENASA, entre las dependencias mencionadas donde la firma ganó proveer servicios de vigilancia.
El exjefe del bloque del oficialismo en Diputados dijo que la legisladora “fue elegida correctamente”, pero sostuvo que su dimisión a la presidencia de ese cuerpo es la única salida para la tensión que se generó.
El mandatario compartió imágenes de un intento de ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Niñez y Familia.