La vicepresidenta había denunciado a Alberto Abad y Leandro Cuccioli, ex titulares de la AFIP, por supuesto hostigamiento fiscal en contra suyo y de sus hijos.
13 de diciembre de 2022
Sección País
Cristina Kirchner instruyó a sus abogados para que recusen al juez federal Julián Ercolini en una causa que ella inició por supuesto hostigamiento fiscal de funcionarios macristas a cargo de la AFIP en contra suyo y de sus hijos.
Según explicó la vicepresidenta en Twitter, la medida "se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín".
La denuncia de CFK fue contra Alberto Abad y Leandro Cuccioli, sendos titulares de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, a los que les atribuye "maniobras ilegales".
El texto de la recusación, que la vice también publicó, dice que "luego de varios meses de trabajo, en el marco de una auditoría interna practicada por el ente recaudador, pudo establecerse que la AFIP, bajo la conducción de Alberto Abad y Leandro Cuccioli diagramó múltiples acciones ilegales para perseguir y hostigar a la familia Kirchner, incurriendo, entre otros, en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita".
Cristina enumera entonces lo que considera fueron acciones hostiles por parte de la AFIP hacia ella y sus hijos: fiscalizaciones de oficio, y "determinaciones de deuda totalmente irregulares, en las que se practicaron análisis patrimoniales absolutamente sesgados y erróneos para formular cargos fiscales inexactos y generar perjuicios ilegítimos".
También afirma que "se constató la existencia de miles de consultas en las bases de datos de la AFIP respecto a los miembros de la familia Kirchner -en las que consta información amparada por el secreto fiscal-, al margen de los procedimientos reglados y sin fundamento alguno que justificara semejantes intromisiones", y que "se crearon grupos de tareas específicos para monitorear, controlar y perseguir a determinados contribuyentes -entre ellos, la familia Kirchner- que reportaban a las máximas autoridades de la AFIP".
La recusación de Ercolini, firmada por el abogado Carlos Beraldi, considera que "los delitos investigados en estas actuaciones no constituyen episodios aislados, sino antes bien forman parte de un conjunto de acciones delictivas concertadas desde las más altas esferas del anterior Gobierno Nacional, en cuyo seno se conformó una mesa judicial que, en conjunto con grupos mediáticos y Jueces y Fiscales cómplices, llevaron a cabo una feroz persecución en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner y su familia".
Beraldi justifica su pedido de apartamiento de Ercolini en la revelación del viaje a Lago Escondido, que el juez federal compartió con otros funcionarios judiciales, lobbystas y empresarios de medios. La existencia de posibles delitos en esa travesía está siendo investigada por el juzgado federal de Bariloche.
Aunque no existe conexión objetiva entre ese viaje y la denuncia de CFK por supuesta persecución de la AFIP, su abogado pide que Ercolini sea apartado por la pérdida de "independencia, imparcialidad e integridad".
"Como es sabido, en estos últimos años la Dra. Cristina Fernández de Kirchner realizó múltiples manifestaciones denunciando ser víctima de una feroz e inédita campaña de persecución y lawfare, orquestada y llevada a cabo por políticos opositores, medios de comunicación hegemónicos, agentes de inteligencia y un grupo de Jueces y Fiscales cómplices", concluye el escrito.
Se trata del abogado Franco Bindi, cercano a los servicios de inteligencia y a la petrolera venezolana PDVSA. Su relación con Marcela Pagano y las sospechas de Lilia Lemoine.
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El Presiente consideró que "resulta imperiosa la adopción de mayores medidas de seguridad en forma urgente" al implementar la acción en la planta de Fabricaciones Militares ubicada a 20 km de Rosario.
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El Presidente confirmó su asistencia y se espera que brinde un discurso durante la gala, en la que también participará el líder del PRO, entre otros políticos y funcionarios. Será el primer cara a cara público de ambos en meses.
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Tras el proceso de participación ciudadana, Vialidad Nacional aprobó la puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios para tramos concesionados por la empresa Corredores Viales S.A.
La legisladora libertaria dijo que el Gobierno no desfinanció la educación pública. "¿Para qué marcharon? Porque no quieren que los auditen”, aseguró.
