El Gobierno ya no puede subir las retenciones por decreto y podría haber reclamos para que sean eliminadas

El rechazo al Presupuesto 2022 dejó un vacío legal respecto a la vigencia de las retenciones a los productos agropecuarios, ya que la potestad del Gobierno para fijarlas venció el pasado 31 de diciembre, y algunos juristas y referentes del agro interpretan que ya no existe la obligación de pagar ese tributo.

Por eso, se abriría la posibilidad de impulsar y debatir un nuevo esquema en el Congreso, que reduzca las alícuotas. Incluso, algunos también piensan en judicializar la vigencia de los Derechos de Exportación (DEX), con la intención de que sean dejado sin efecto hasta que se sancione una nueva norma.

El vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, opinó que existe la posibilidad de judicializar el tema en caso de que se intenten subir las retenciones. “Ante el vencimiento de topes a los DEX, por la Ley de Solidaridad del 2019, que caducó el 31 de diciembre, pedimos un dictamen legal a un estudio, y nos informó que es un Derecho Aduanero, y el Gobierno puede fijar la alícuota sin paso por Congreso. Pero hay jurisprudencia, por acordada de la Corte Suprema, que la considera impuesto, por lo que debe haber autorización por ley del Congreso. O sea, cualquier modificación de los DEX si no tiene respaldo por ley, está la posibilidad de judicializarlo, con los efectos que esto representa en costos y tiempos de la Justicia”, manifestó el líder de la entidad que integra la mesa de enlace junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).

Asimismo, manifestó: “Desde Coninagro planteamos que debemos discutir una Reforma Fiscal Integral donde propiciemos impuestos equitativos como Ganancias y el rechazo de los regresivos como IIBB (Ingresos Brutos) y DEX”.

En tanto, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y ex ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, fue tajante: “Para mí se cayó la facultad del Gobierno de fijar los derechos de exportación”

Buryaile recordó que poco después de la asunción de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el Gobierno promulgó la Ley de Solidaridad N° 27.541 por la que se fijaron derechos de exportación y la posibilidad de elevarlas hasta un tope del 33% para la soja (efectivizado en marzo de 2020) y del 15% para el trigo y maíz, que todavía están en 12%.

“En el último párrafo del artículo 52 de esa ley, se estipuló que el PEN podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021″, recalcó el ex vicepresidente de CRA. Y pronosticó: “Habrá productores que irán a la Justicia, pueden presentarse varias medidas cautelares, va a tener que intervenir la Corte Suprema de Justicia, pero la forma de solucionar esto es con una nueva ley”.

El diputado del radicalismo por San Luis, Alejandro Cacace, remarcó en redes sociales que “a partir del 1° de enero, no puede haber retenciones (derechos de exportación) sin ley del Congreso. Al rechazarse el presupuesto caducan las facultades delegadas, sin que haya prórroga. Las retenciones que se establezcan por decreto o resolución son inconstitucionales”.

En cambio, el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), David Miazzo, interpretó que lo que se terminó es la facultad del Gobierno para poder elevar el nivel actual de las retenciones, pero que las mismas “pueden persistir como están sin la necesidad de sancionar una nueva norma”.

Con ese criterio también coincidió el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras. En tanto, el contador Santiago Sáenz Valiente tiene una opinión intermedia.

“Hay algunas opiniones jurídicas respecto de que las retenciones podrían haber caído en forma plena y total, a 0%, con el cambio de año. Pero no parece que vaya a suceder en los hechos, por el interés del Gobierno nacional de no perder la recaudación de este impuesto a los ingresos, que afecta a todos los productores”, afirmó el especialista.

Al respecto, dijo que “seguramente quedarán las alícuotas vigentes, porque además de que subirlas hoy sería inconstitucional, ya se trata de porcentajes sumamente elevados, con los cuales la exacción al productor es enorme”.

Desde esa perspectiva, el tributarista con amplia experiencia en temas agropecuarios, indicó que el proyecto de Presupuesto tenía previsto la delegación de facultades al Ejecutivo para incrementar los Derechos de Exportación. “Eso generó mucha preocupación, pero cuando tras las modificaciones en Diputados el proyecto fue al Senado se abordó lo de Bienes Personales, pero la delegación de facultades quedó fuera de tratamiento y no ha habido renovación de las facultades delegadas, que a mi juicio hubiera generado cuestionamientos legales”.

Sobre la posibilidad de reclamos judiciales, Sáenz Valiente prefirió no responder desde el punto de vista legal, por su condición de contador público. Pero consideró que “podrían llegar a existir reclamos porque varios juristas están evaluando esa posibilidad, lo cual podría ser la mejor noticia para el país, porque la producción crecería al doble o al triple”.

Lo que nadie cuestiona es que el Ejecutivo nacional ya no tiene respaldo legal para modificar las alícuotas de las retenciones. Antes de incrementarlas tiene que obtener el aval a través de una ley del Congreso. Incluso las de la carne, que hoy están en el 9%, no se podrán elevar sin aval del Poder Legislativo.