Polémica por nuevos límites al acceso a la información pública

Luego de que el gobierno diera a conocer modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, organizaciones de la sociedad civil salieron a criticar el decreto y solicitaron al Ejecutivo que lo deje sin efecto. 

Según el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial, la modificación redefine el concepto de "información pública", excluyendo explícitamente cualquier dato de naturaleza privada generado, obtenido o custodiado por personas humanas o jurídicas privadas que no esté vinculado a un interés público comprometido. Esta modificación incluye también la restricción del acceso a documentos que formen parte de deliberaciones preparatorias o que sean considerados "papeles de trabajo", excluyéndolos del carácter público.

Asimismo, uno de los cambios tiene que ver con el acceso a la información de la vida privada de los funcionarios públicos. A partir de ahora, el acceso a dicha información solo será posible si el titular de los datos ha prestado su consentimiento explícito o si la información está directamente relacionada con las competencias de los funcionarios en cuestión. 

Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentaron un comunicado en donde advirtieron que implica un “grave retroceso democrático” ya que “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”. Además, señalan que “debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada”. 

“Por ello alertamos que una limitación en este aspecto ataca todos los principios de transparencia activa”, afirman desde FOPEA y agregan que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente”.

Por su parte, desde la Fundación Poder Ciudadano, dieron a conocer un comunicado firmado por diversas organizaciones de la sociedad civil para “solicitar al Ejecutivo que deje sin efecto el decreto" y que “se garantice el pleno acceso a la información pública”. En el texto, explican que "las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional”. 

“El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios públicos la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección”, continúan en el comunicado. 

Por último, afirman que el decreto “implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado". 

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, advirtió que muchos “lo van a ver con la humorada de dejar de preguntar cuántos perros hay en Olivos” y destaca: “nadie se quiere meter en las sábanas de un presidente, pero ser presidente y funcionario de alto rango supone que ciertos aspectos de su vida privada ES de interés público”.

Las repercusiones en Diputados

Desde el bloque de Encuentro Federal expresaron su preocupación por los cambios a la ley de Acceso a la Información Pública y presentaron un pedido de informes al Ejecutivo para que explique los alcances de las restricciones impuestas. A través de un proyecto de resolución impulsado por Margarita Stolbizer, preguntaron si el Gobierno "consultó expresamente a la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) sobre la pertinencia, conveniencia y/o necesidad de instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública". 

También solicitaron que se adjunte "copia de los dictámenes emitidos por organismos o dependencias públicas en el marco del expediente administrativo que dio origen al referido Decreto", como también que se adjunte “copia de las consultas realizadas a entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia y obrantes en el expediente administrativo que dio origen al Decreto 780/2024”.

Por su parte, la diputada de la UCR, Karina Banfi, explicó que “cualquier funcionario tiene posibilidad de negar la información” si considera que se trata de una excepción legal y agregó: “Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no”. 

“Exijo urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a su titular (Beatriz Anchorena) para que se expida y defienda el derecho ciudadano a saber. El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”, finalizó Banfi. 

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, detalló en diálogo con Radio Provincia que el espacio presentó "un proyecto de resolución en contra del decreto" y explicó: "Ellos lo disfrazan como una reglamentación del contenido de la ley" para que se tome como una "atribución del Poder Ejecutivo".