Seguros: qué se investiga en la causa por la que Alberto F. fue a declarar

El juez federal Julián Ercolini investiga al expresidente Alberto Fernández en un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado durante su gestión. Este miércoles, el exmandatario se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py a prestar declaración indagatoria por primera vez desde que dejó el poder.

A continuación, un repaso sobre el origen de la causa y su estado:

El origen

La causa se inició a partir de dos denuncias radicadas ante la Cámara Federal en febrero de este año –una presentada por la abogada Silvina Martínez y la otra, por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto (Coalición Cívica)–, inspiradas en una nota publicada días antes en Clarín por su director, Ricardo Roa, en la que se hacía referencia a una "caja negra" de la política en ANSES. Luego, el Gobierno presentó su propia denuncia.

La acusación

El escrito presentado por los López y Oliveto indica que el decreto 823/2021, dictado por Alberto Fernández, impuso la obligación a los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación, sin posibilidad de que se contraten otros servicios mediante licitación pública.

“Aunque en el decreto se justificó esta medida como una excepción para favorecer a entidades públicas, en realidad resultó en la consolidación de un monopolio en el sector de seguros estatales, y facilitó la participación de empresas privadas como reaseguradoras y brokers intermediarios en operaciones poco transparentes”, señalaron los legisladores.

Con la nota de Clarín como fuente, la denuncia sostiene que durante la gestión del Frente de Todos la ANSES firmó un contrato con Nación Seguros SA por $ 20 mil millones. En ese marco, la aseguradora del Banco Nación “subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión 3 veces mayor a la del mercado: 17%”.

Y menciona algunos de los brokers presuntamente beneficiados: Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura; Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART; y el mencionado Martínez Sosa.

Tanto esta denuncia como la de Silvina Martínez señalan, además, que el titular de Nación Seguros SA era Alberto Pagliano, a quien le atribuyen ser amigo del expresidente.

Las denuncias fueron unificadas en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.

Por otra parte, el 21 de agosto de 2024 el gobierno de Javier Milei derogó el decreto dictado por Fernández sobre la contratación de seguros.

El avance de la causa

El fiscal federal Ramiro González, que en ese entonces subrogaba la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, impulsó la investigación y ordenó una serie de medidas de prueba, como solicitar a Nación Seguros SA que informe “la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021”. Desde ese momento, Alberto Fernández se encuentra imputado en el expediente.

Una semana después, solicitó que se ampliara el período de investigación: desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023, es decir, durante toda la gestión de Fernández. También requirió que se le solicite a las compañías telefónicas las conversaciones de los actores que participaron en la autorización e intermediación de los seguros en cuestión “para revelar las relaciones interpersonales que rodearon los hechos investigados”.

Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y de otros involucrados en la causa. Esa inhibición fue revocada por la Cámara Federal porteña a principios de junio.

En ese fallo, el tribunal enumera las hipótesis de la fiscalía. “Se detectó que, en la relación entre cliente y operador del servicio (por regla, estatales ambos), apareció la repetida participación de personas y empresas de la actividad privada, operando como ‘intermediarias’ y ‘organizadoras’. Las averiguaciones efectuadas llevaron a inferir que aquellas cobraron comisiones de altos porcentajes, que excederían a los comúnmente percibidos en el mercado. Las sumas en cuestión son millonarias”, sostiene el fallo.

Agrega que las empresas investigadas percibieron de Nación Seguros SA, en conjunto, un total de $ 2.782.170.946 en concepto de comisiones durante el período investigado. “Participaron en un porcentaje mayoritario (más del 80%) de los seguros contratados por los entes estatales como consecuencia del Decreto dictado por el Presidente Alberto Fernández”.

Ercolini fue recusado por la defensa del exmandatario, entre otros motivos, por la relación personal que mantuvo con el juez en el ámbito académico y las “situaciones de amistad y enemistad que se habrían presentado entre ambos”.

Como Presidente de la Nación, Fernández impulsó una investigación penal y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el magistrado por haber participado de un viaje a Lago Escondido junto a jueces, fiscales, funcionarios y empresarios. Ercolini, la Cámara Federal y la Cámara de Casación rechazaron la recusación.

El 1º de noviembre el magistrado citó a Fernández a prestar declaración indagatoria para el 20 de noviembre. También hizo lo mismo con Martínez Sosa y Cantero. Finalmente, a pedido de Rívolo, las indagatorias fueron reprogramadas: la de Fernández al 27 de noviembre, y la de Cantero y Martínez Sosa, el 28. Luego declararán los otros 35 acusados.

La declaración de Fernández

El expresidente se presentó este miércoles en Comodoro Py, donde negó cualquier vinculación con la maniobra, entregó un escrito y solo contestó preguntas de su abogada Mariana Barbitta.

“La situación fue tensa”, dijo Barbitta, que recordó que Fernández había recusado a Ercolini. La abogada relató que en la audiencia de hoy el expresidente le reprochó al juez que hubiera desestimado in limine (sin darle trámite) la nulidad de esta indagatoria que el exmandatario había planteado. Según la abogada defensora, Fernández acusó a Ercolini de “arbitrariedad”.

El exmandatario había tratado de evitar esta indagatoria con un escrito que Barbitta presentó la semana pasada pidiendo la nulidad de la declaración. El juez dijo que se trataba de una “maniobra dilatoria” y rechazó el planteo.

La de hoy fue la primera aparición pública de Fernández desde que se conoció el conflicto por presunta violencia de género con la exprimera dama Fabiola Yañez. Por esta caso, también fue citado a indagatoria.