Mientras espera el dato de inflación de agosto, el oficialismo busca contener la interna, enfrenta citaciones en el Congreso y suma reclamos de la UBA, los gobernadores y hasta de los rusos.
Se trata de Andrés Severino, quien habría recibido regalos y prebendas a cambio de conseguir contratos el broker amigo del expresidente Alberto Fernández.
La pericia del teléfono de María Cantero reveló que trabajaba junto a su esposo Héctor Martínez Sosa en la firma de contratos con organismos públicos. “Ahora Alberto es Presidente. No Cristina”, se le escucha decir.
Se trata de Mauro Tanos, que venía de la gestión anterior y fue promovido como gerente general de Nación Seguros por el gobierno de Javier Milei. También le pidieron la renuncia al gerente de compras.
En plena crisis del crédito, la entidad pública financió a dirigentes del oficialismo y legisladores aliados durante la gestión de Daniel Tillard. La nómina de deudores salió a la luz mediante una plataforma web especializada.
Según pudo confirmar Sección País, José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de Inteligencia, registra un pasivo cercano a los $400 millones con la banca pública. El caso se suma a la lista de beneficiarios que ya integraban alfiles libertarios y legisladores aliados. Frente al escándalo, la oposición exige en el Congreso investigar las condiciones de los desembolsos.
En un dictamen de 46 páginas presentado ante el juez Ercolini, acusó a la exfiscal de provocar un "desastre" en la escena del hecho y de formar parte de un plan para simular un suicidio.
Una investigación basada en documentos de inteligencia rusa filtradas reveló cómo "La Compañía", heredera del Grupo Wagner, financió artículos en más de 20 medios locales y utilizó perfiles falsos creados con IA. La campaña, que costó más de 600.000 dólares, buscó romper la alianza con Ucrania y fomentar divisiones internas durante 2024.
La presentó el abogado Jorge Monastersky, después de que la SIDE confirmara la existencia de la red en un comunicado. Solicitó rastrear los pagos a medios y periodistas, y evaluar posibles delitos bajo la Ley de Inteligencia.