Un estudio de Estados Unidos prepara demandas por la estafa de $LIBRA

La firma Burwick Law representa a más de 200 afectados y evalúa acciones legales en varias jurisdicciones. El caso ya llegó al FBI y al Departamento de Justicia de EE.UU.

Política19 de febrero de 2025Sección PaísSección País
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La presunta megaestafa digital de $LIBRA suma un nuevo capítulo en tribunales internacionales. El estudio jurídico Burwick Law, con sede en Nueva York y especializado en la protección de consumidores digitales, anunció que ya representa a más de 200 afectados de distintos países y evalúa emprender acciones legales contra los responsables de la operatoria que promovió desde sus redes sociales el presidente Javier Milei.

“Actualmente, estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes”, indicó el socio gerente de la firma, Max Burwick. “Tenemos la intención de defender celosamente a nuestros clientes mediante la búsqueda de recursos civiles disponibles, incluyendo litigios, si se justifica”.

El caso también fue denunciado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que evalúan si hay delitos federales en la operatoria. En paralelo, Burwick Law analiza la posibilidad de presentar una demanda colectiva (“class action”) en una corte civil estadounidense, aunque aún no definió si será en ese país o en otras jurisdicciones, dependiendo de factores como el domicilio de los demandados, la ruta del dinero y el lugar donde ocurrió la transacción.

Testimonios y evidencias complican a los operadores de $LIBRA

Uno de los principales involucrados en el escándalo, el estadounidense Hayden Mark Davis, admitió en entrevistas recientes haber cometido múltiples irregularidades, incluyendo abuso de información privilegiada, manipulación del mercado y ocultamiento de datos a los inversores. Estas revelaciones refuerzan la posibilidad de que el caso termine en tribunales de distintos países en simultáneo.

El abogado argentino radicado en EE.UU. Martín Litwak explicó que para determinar responsabilidades legales se deben analizar aspectos como la jurisdicción donde se emitió $LIBRA, el país desde el que se compró y si hay inversores norteamericanos afectados. En esa línea, Burwick Law confirmó que ya representa damnificados de Argentina, Estados Unidos, Europa, Asia y África, y que trabajará con socios en distintas jurisdicciones para coordinar la estrategia legal.

El uso de figuras públicas en el escándalo de $LIBRA

Si bien Burwick evitó hacer comentarios sobre Javier Milei y los otros involucrados –Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Mauro Terrones Godoy–, destacó que estos esquemas suelen recurrir a figuras prominentes que no son expertas en criptomonedas para ganarse la confianza del público.

Sin embargo, Litwak aclaró que la responsabilidad legal de estas celebridades aún es un debate abierto en la justicia internacional. “Este último aspecto es una discusión de gran actualidad que se ha planteado con frecuencia en el caso de deportistas o celebridades que publicitan este tipo de activos u operaciones”, señaló.

Burwick: “Hay que eliminar a los malos actores de la industria”

Burwick Law, que ha intervenido en casos similares en el pasado, considera que estos litigios son clave para limpiar la industria de las criptomonedas. “Las acciones legales ayudan a eliminar a los malos actores de la industria y dejar espacio para una verdadera innovación, lejos de los esquemas Ponzi, las manipulaciones del mercado y otras prácticas ilegales”, sostuvo Burwick.

El abogado advirtió que, con la aparición de nuevas tecnologías, las malas prácticas financieras tienden a repetirse. “Pasó con el auge y caída de las puntocom de Internet, como antes pasó cuando apareció el automóvil o con la venta de certificados de acciones en Estados Unidos”, explicó. “La escala de las prácticas actuales es preocupante”.

Mientras el caso sigue escalando en el ámbito judicial, el futuro de los responsables de $LIBRA es cada vez más incierto. Si las demandas avanzan, podrían enfrentarse a sanciones millonarias y hasta penas de prisión en algunas jurisdicciones.

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