El Gobierno publicó una resolución con términos obsoletos y ofensivos para evaluar la invalidez laboral en pensiones. Organizaciones de discapacidad denunciaron la medida como discriminatoria y exigieron su anulación.
Política27 de febrero de 2025
Sección País
El Gobierno desató una ola de repudios con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 187/2025, en la que se establecen nuevos criterios para evaluar las pensiones por invalidez. Más allá de la polémica por los cambios en los requisitos, lo que encendió las alarmas fue la terminología utilizada en el texto, que califica a personas con discapacidad intelectual con términos arcaicos y degradantes como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
La normativa, firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), retoma conceptos que dejaron de usarse hace más de 50 años y contradice el enfoque actual basado en derechos humanos, impulsado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006.
Familias, expertos y entidades que trabajan con personas con discapacidad expresaron su repudio inmediato.
🔹 "Es una barbaridad, esto es de principios del siglo pasado. No es solo el uso de términos obsoletos, sino la concepción misma de la discapacidad que refleja esta resolución", sostuvo Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
🔹 Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un reclamo administrativo exigiendo la derogación inmediata de la resolución, al considerar que refuerza la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad y desconoce el marco normativo vigente.
🔹 "No hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino entornos que no les proporcionan los apoyos necesarios", argumentó la ACIJ, criticando la visión médica y excluyente que impone la resolución.
El Gobierno, a través de la ANDIS, no emitió aún una respuesta oficial sobre la polémica. Sin embargo, el impacto social y el rechazo generalizado ponen presión para que la normativa sea modificada o directamente anulada.
Las organizaciones adelantaron que llevarán el reclamo a instancias judiciales si no hay una rectificación. Mientras tanto, el debate sobre el recorte en las pensiones por invalidez y el enfoque gubernamental sobre discapacidad sigue escalando, con un fuerte cuestionamiento a la gestión de Javier Milei en materia de derechos sociales.
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