El Gobierno deberá explicar ante la CIDH los cambios en la ley de refugiados

El Gobierno de Javier Milei enfrenta este lunes una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por los cambios en la ley de personas refugiadas, introducidos a través del DNU 942/23, que generaron fuertes críticas de organismos internacionales.

Denuncia por vulnerabilidad de los refugiados

La audiencia, que comenzó a las 11 horas, fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), quienes alertaron sobre “los impactos negativos” de la reforma en materia de asilo político y protección de refugiados.

Desde el CELS advirtieron que el decreto presidencial elimina principios fundamentales del sistema de protección, como el derecho a la no devolución y la confidencialidad de la información, lo que podría poner en riesgo la vida de quienes solicitan asilo en Argentina.

"En los últimos meses, el gobierno de Milei cambió principios esenciales de la ley que protege a los refugiados, lo que impide cuidar a quienes piden asilo", alertaron en un comunicado.

Las principales modificaciones y los riesgos denunciados

• Se relajan los criterios para el reconocimiento de una persona como refugiada, lo que podría dificultar la obtención de asilo.
• Se permite la expulsión rápida de quienes sean "sospechados" de estar vinculados con delitos relacionados con terrorismo, una categoría que, según los denunciantes, “suele usarse para la persecución política”.
• La eliminación de la confidencialidad en los procesos de refugio podría exponer a los solicitantes y revelar su paradero a los gobiernos que los persiguen.

"Una persona podría ser enviada de regreso a su país, donde corre riesgo de vida, solo por estar bajo sospecha. Esta medida no solo es ilegal, sino que pone en peligro a miles de personas que buscan protección en Argentina", sostienen los organismos de derechos humanos.

El rol de Patricia Bullrich y la postura del Gobierno

Las organizaciones denunciantes también remarcaron que el Gobierno viene sosteniendo un discurso "estigmatizante" sobre los refugiados, en especial desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Según el CELS, la funcionaria ha justificado los cambios con argumentos que "criminalizan la migración y la vinculan con el terrorismo", en línea con el endurecimiento de las políticas migratorias del oficialismo.

El Gobierno, por su parte, defiende las reformas bajo el argumento de que buscan garantizar la seguridad nacional y evitar que el sistema de refugio sea utilizado como “pantalla para la delincuencia”.

Se espera que en la audiencia de hoy la CIDH analice el impacto de estas modificaciones y exija respuestas al Estado argentino sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en protección de refugiados y derechos humanos.