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La jueza Loretta Preska desestimó un pedido de una ONG para anular la condena contra el país. Argumentó que la presentación llegó fuera de tiempo y reafirmó la obligación de pago por la expropiación de la petrolera.
Economía y negocios04 de marzo de 2025La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, desestimó un pedido de una ONG que buscaba anular la condena que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de la petrolera realizada en 2012.
La Fundación Republican Action for Argentina había presentado una solicitud para dejar sin efecto el fallo que favoreció a las firmas Burford Capital y Eton Park y, además, pedía que se investigue a los responsables de la nacionalización de YPF. Sin embargo, Preska rechazó la maniobra argumentando que la presentación se hizo fuera de tiempo y no respetó el plazo de un año estipulado para este tipo de pedidos.
La solicitud había sido presentada el 17 de febrero y, en un primer momento, la jueza pidió la opinión de las partes involucradas en el juicio. Sin embargo, su fallo terminó cerrándole la puerta a la intervención de la ONG.
En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones a Burford y Eton Park por no haber lanzado una oferta pública de adquisición de acciones al momento de la expropiación del 51% de YPF a la española Repsol.
El caso había comenzado en 2015, cuando Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigio de dos sociedades españolas quebradas: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas firmas habían pertenecido a la familia Eskenazi y poseían el 25% de las acciones de YPF en el momento de la estatización.
El argumento central de la demanda fue que el gobierno de Cristina Kirchner debía haber realizado una oferta de compra por el resto de las acciones en manos de privados, algo que no ocurrió y que derivó en la millonaria sentencia en contra de Argentina.
El economista y director de Research for Traders, Darío Epstein, cuestionó duramente a quienes aseguraban que había posibilidades de revertir el fallo.
“Aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a salvar US$ 16.000 millones, tengan un poco de humildad y llámense a silencio”, sentenció.
Y agregó: “El tema es serio. No da que lo usen para operar políticamente”.
El rechazo de Preska se apoyó en precedentes judiciales como el caso D’Amato vs. Deutsche Bank, que estableció que una intervención fuera de plazo no es válida, y Restor-A-Dent Dental Lab’ys, Inc. vs. Certified Alloy Prods., Inc., que determinó que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense volvió a inclinar la balanza en contra de Argentina, que sigue acumulando problemas para encontrar una salida al multimillonario litigio por la estatización de YPF.
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