Contrato con Pfizer: cláusulas secretas, inmunidad y pago anticipado

En la última emisión del programa de streaming Ángulo Muerto, el periodista Camilo Cagnacci dio a conocer los puntos centrales del contrato que el gobierno de Alberto Fernández firmó con el laboratorio Pfizer en agosto de 2021, luego de más de un año de idas y vueltas, cruces políticos y explicaciones que ahora vuelven a quedar en entredicho.

El informe, acompañado de placas con fragmentos del contrato, cobra relevancia tras la decisión de la Cámara Federal porteña de reabrir la causa judicial que investiga las demoras del Estado argentino en cerrar el acuerdo con el laboratorio estadounidense durante la pandemia de COVID-19.

A continuación, los aspectos más destacados del contrato que Cagnacci reveló:

• Confidencialidad: se establece un compromiso de diez años para no divulgar cláusulas sensibles, incluyendo el precio por dosis y las condiciones de indemnidad.
• Renuncia a la inmunidad soberana: el Estado argentino acepta renunciar, en parte, a la protección legal de sus activos, con excepciones previstas por ley.
• Jurisdicción extranjera: cualquier conflicto debe resolverse ante tribunales de Nueva York.
• Responsabilidad limitada: Pfizer no se hace responsable por efectos adversos, incluso en casos de negligencia, salvo excepciones muy acotadas.
• Pago anticipado: se abonaron más de 40 millones de dólares como anticipo, con un monto total contratado de 240 millones.

Durante el envío, el conductor de Ángulo Muerto también recordó que el entonces presidente Alberto Fernández había rechazado públicamente las condiciones impuestas por Pfizer, afirmando que ponían al país en “una situación muy violenta”. Sin embargo, ese mismo año terminó aceptando los términos tras modificar por decreto la Ley de Vacunas.

En paralelo, recuperó el contexto político del momento: mientras se postergaba el acuerdo con Pfizer, el Gobierno priorizaba otras vacunas como Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca, esta última fabricada localmente por el empresario Hugo Sigman, amigo personal de Fernández y del entonces ministro Ginés González García.

La reapertura de la causa, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a determinar si hubo decisiones injustificadas que pudieron derivar en consecuencias sanitarias graves. Según datos oficiales, más del 90% de los fallecidos por COVID no tenían esquema completo de vacunación. La Justicia ahora deberá evaluar cuántas de esas muertes podrían haberse evitado si el acuerdo con Pfizer se hubiese cerrado a tiempo.