
Garrahan: el Gobierno amenaza con despidos y sanciones a residentes
Tras rechazar el paro, Salud advirtió que quienes falten cinco días serán echados y podrían perder su título. Sin propuesta salarial concreta, Milei volvió a hablar de “ñoquis”.
El oficialismo busca firmar dictamen este martes y tratar el proyecto antes de fin de mes. La Iglesia y los organismos de derechos humanos se oponen.
Política05 de mayo de 2025Tras varias postergaciones, la Cámara de Diputados debatirá este martes en comisión la reforma de la Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para menores. El plenario de comisiones fue citado para las 16 horas y el oficialismo confía en firmar dictamen en el día para llevar el tema al recinto antes de fin de mes.
El proyecto cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y sectores de Encuentro Federal. Pero es rechazado de plano por Unión por la Patria, la izquierda, organismos de derechos humanos y, desde este domingo, por la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia.
“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, advirtió monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja.
La iniciativa fija un nuevo piso de 14 años de edad para la imputabilidad penal, aunque el Gobierno aspiraba originalmente a llevarlo a 13 años en casos de delitos graves. El consenso político —incluido el del massista Ramiro Gutiérrez (UxP)— se inclinó por los 14.
El texto prohíbe aplicar reclusión perpetua a menores y establece un máximo de 20 años de prisión, incluso en casos con múltiples delitos. También prevé una revisión de la pena a los dos tercios de su cumplimiento, que podría permitir que el resto se cumpla en domicilio.
Además de la cárcel y la prisión domiciliaria, se habilitan otras formas de cumplimiento: institutos abiertos, especializados o medidas alternativas como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.
La reforma incorpora la figura del “supervisor”, un referente que deberá acompañar al joven en su proceso de reinserción. También se prevé la obligatoriedad de programas educativos, deportivos, de formación ciudadana y tratamientos médicos si fueran necesarios.
El plenario de comisiones que dará tratamiento al dictamen está integrado por Legislación Penal (Rodríguez Machado, PRO), Justicia (Manuel Quintar, LLA), Familia (Roxana Reyes, UCR) y Presupuesto (José Luis Espert, LLA).
Con siete reuniones previas en 2023 y dos más en marzo de este año, el oficialismo considera agotado el debate técnico y buscará apurar el trámite legislativo. Pero el rechazo social y político no deja
Tras rechazar el paro, Salud advirtió que quienes falten cinco días serán echados y podrían perder su título. Sin propuesta salarial concreta, Milei volvió a hablar de “ñoquis”.
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