Sección País
La Coalición Cívica presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que el asesor presidencial Santiago Caputo sea considerado funcionario público y se someta a las obligaciones que impone la ley.
Por qué importa
Santiago Caputo concentra un poder informal central en el Gobierno, pero hasta ahora no cumple con las obligaciones legales de los funcionarios públicos. La Coalición Cívica cuestiona su rol en las sombras y exige transparencia.
En detalle
El legislador porteño Hernán Reyes fue quien presentó el pedido formal ante la OA. Reclamó que Caputo sea registrado como “funcionario de alta jerarquía” y, en consecuencia, presente su declaración jurada de bienes.
"Hay una persona que toma decisiones relevantes, pone y saca funcionarios, y decide las políticas de ministros y secretarios, pero no se somete a los mismos controles", advirtió Reyes.
El reclamo
“Resulta evidente que Santiago Caputo desempeña funciones de gobierno con un alcance equivalente al de un alto funcionario del Estado, sin estar sujeto a los controles, obligaciones y responsabilidades que la normativa vigente impone”, sostuvo Reyes.
“El estándar actual es ridículamente ajeno a la realidad. No podemos tolerar otro gobierno de opacidad”, señaló. Y calificó como una “chantada” que uno de los vértices del "triángulo de hierro" figure como monotributista.
Contexto
Caputo no tiene un cargo formal. Sin embargo, diversos funcionarios –incluso ministros– responden a sus directivas. Para la Coalición Cívica, esa ambigüedad es incompatible con una república.
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El funcionario anunció su salida por X, agradeció a Javier Milei y aseguró que seguirá apoyando al oficialismo. Su dimisión llega tras los cambios en la Jefatura de Gabinete y en la previa de una reconfiguración más amplia del equipo.
Oficializó su salida tras reunirse con Javier Milei en Olivos y publicó su carta de renuncia. Manuel Adorni asumirá la Jefatura de Gabinete en el inicio de la nueva etapa política poslegislativas.
La ola violeta dejó una larga lista de postulantes con alto reconocimiento —político, mediático o deportivo— que no lograron traducir su visibilidad en bancas. Quiénes son, distrito por distrito.
El fiscal presentó una denuncia penal por la contratación de SAAS SAU —empresa que creó Juan Manuel Picón antes de ingresar al Gobierno— en la obra social del fósforo, intervenida por la Superintendencia de Salud. La SSS negó incompatibilidades y afirmó que Picón se desprendió de la firma antes de asumir. El caso quedó en el Juzgado Federal N°5 de Marcelo Martínez De Giorgi.
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