Imputaron a Espert por lavado de dinero en la causa abierta por la transferencia de Machado

El expediente que complica a José Luis Espert dejó de ser solo un vendaval mediático: ya es causa penal. El fiscal Fernando Domínguez promovió la investigación por posible lavado de dinero a partir de la denuncia presentada por Juan Grabois y de pruebas incorporadas desde la Justicia de Estados Unidos que muestran una transferencia por USD 200.000, fechada el 22 de enero de 2020, a una cuenta del Morgan Stanley a nombre del diputado.

La trazabilidad del giro surge de registros contables del Bank of America incorporados como evidencia en el juicio “USA v. Mercer-Erwin et al.” en Texas, donde resultó condenada la socia de Federico “Fred” Machado. En esos asientos, junto al nombre de Espert aparece el código N28FM —matrícula del avión que Machado le había prestado durante la campaña 2019—, un detalle que refuerza la asociación entre el financista y el político. La acusación sostiene que el pago provino del entramado societario investigado por narcotráfico, lavado y fraude.

La decisión de Domínguez llega el mismo día en que la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado, hoy con prisión domiciliaria en Viedma. La pelota pasa ahora al Poder Ejecutivo, que tiene la “decisión final” en un marco particularmente sensible: Machado es defendido por Francisco Oneto, también abogado personal del presidente Javier Milei, lo que añade presión política a la firma de la entrega.

El relato en zigzag de Espert agrava el cuadro. De negar primero la existencia del pago —lo atribuyó a un “Excel trucho”— pasó a admitirlo cuando se conocieron los documentos oficiales de EE.UU. Luego ofreció dos explicaciones incompatibles: el jueves dijo que los USD 200.000 respondían a una consultoría para una minera “vinculada” a Machado, tramitada con un tal Iván Morales y posterior a la campaña; el sábado, en radio Mitre, aseguró que la minera era del propio Machado y que el contrato se firmó “en 2019”, incluso “antes de ser candidato a presidente”.

Con la investigación fiscal en marcha, los movimientos financieros y la cronología de vínculos quedarán bajo la lupa: el origen de los fondos, la naturaleza real del contrato, el eventual beneficio político y la posible utilización de bienes y servicios del entramado de Machado durante la campaña. En paralelo, el oficialismo intenta contener el daño: Espert ya renunció a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, pero el caso amenaza con seguir irradiando costo político en plena recta final hacia el 26 de octubre.