Sección País
La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera que obligó al Ejecutivo de Claudio Vidal a desdoblar el pago de salarios estatales, mientras que la Municipalidad de Río Gallegos declaró la emergencia administrativa y económica hasta el 31 de diciembre de 2026 para contener el rojo fiscal.
El Ministerio de Economía provincial informó que los haberes de los trabajadores públicos se abonarán en dos tramos y que el cronograma quedará saldado esta semana, una decisión que implica un retraso respecto de las fechas habituales y que motivó quejas entre los empleados. La cartera atribuyó la medida a que “los recursos disponibles no alcanzan para cubrir en tiempo y forma las obligaciones salariales”, en un contexto de caída de las transferencias automáticas de Nación y de una merma cercana al 30% en las regalías petroleras entre enero y septiembre.
En paralelo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, firmó el Decreto N° 6861 que dispone la emergencia administrativa y económica del distrito hasta fines de 2026. La norma congela la planta de personal, suspende nuevos ingresos y ordena una revisión integral de la estructura municipal para reducir gastos y sostener el equilibrio financiero. Según el texto oficial, los ingresos nacionales y provinciales de la comuna cayeron 10,4% real frente a 2023, mientras la inflación ronda el 25% y los acuerdos salariales acumulan 29,4%, presión que complica la caja local.
El cuadro provincial se agrava por la retracción de la actividad hidrocarburífera, clave para la recaudación vía regalías, y por la caída del giro coparticipable en términos reales. En ese marco, la administración de Vidal optó por priorizar la cancelación total de los haberes dentro de la semana mediante pagos escalonados, en lugar de diferimientos más extensos.
La capital provincial, a su vez, buscará ganar aire fiscal con medidas de contención del gasto corriente y reordenamiento de áreas, mientras monitorea la evolución de los recursos coparticipables y la recaudación propia. Con salarios provinciales desdoblados y emergencia municipal en marcha, Santa Cruz enfrenta uno de sus tramos fiscales más exigentes de los últimos años, condicionado por la inercia inflacionaria y la menor entrada de divisas del sector petrolero.
