El representante de la Casa Rosada ante el tribunal de La Haya, Diego Sadofschi, se "disoció del consenso" de la asamblea para exigir el dictado de órdenes de arresto contra los "principales responsables" de violaciones a los derechos humanos.
Política01 de diciembre de 2025
Sección País
Argentina reclamó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) una acción "inmediata" en Venezuela ante las violaciones a los derechos humanos y pidió que se ejecuten las órdenes de arresto "contra sus principales responsables", en clara alusión a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
El representante de la Casa Rosada, Diego Emilio Sadofschi, manifestó esta postura durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal con sede en La Haya. El Gobierno de Javier Milei optó por "disociarse del consenso" de la asamblea y reafirmar su posición crítica a la administración chavista.
El diplomático advirtió que la situación en Venezuela, que "se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024", exige una "atención inmediata".
"Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad, que perpetra el régimen venezolano, requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas", sostuvo Sadofschi, exigiendo que se efectivicen las detenciones contra Maduro y Cabello, ministro del Interior y Justicia.
En respuesta, el representante venezolano, Héctor Constant Rosales, consideró "agraviantes" las expresiones de Argentina y opinó que el gobierno de Milei debería "ocuparse del régimen de los derechos humanos y de su compromiso internacional", señalando que Argentina ha votado en contra de resoluciones de la ONU ligadas a este tema. Sadofschi volvió a reclamar "medidas concretas y urgentes".
El líder republicano, que venció al oficialismo con el 58% de los votos, tendrá su primer encuentro con el libertario luego de la victoria. Prometen trabajar juntos contra el "socialismo del Siglo XXI".
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La Superintendencia de Seguros de la Nación detectó un rojo de casi 13.000 millones de pesos en la aseguradora. El organismo mantuvo la inhibición general de bienes y dio un ultimátum de 30 días para regularizar la situación bajo amenaza de liquidación.
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