El máximo tribunal se declaró competente en la demanda impulsada por el gobernador Claudio Vidal por fondos del Consenso Fiscal 2017. Sin embargo, los jueces rechazaron dictar una medida cautelar para ordenar los pagos inmediatos.
Política11 de diciembre de 2025
Sección País
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para intervenir en una causa iniciada por la provincia de Santa Cruz contra el Estado Nacional. El reclamo, impulsado por el gobernador Claudio Vidal, exige el pago de casi 600 millones de pesos en concepto de compensaciones adeudadas del Consenso Fiscal 2017.
Si bien el máximo tribunal aceptó tramitar el expediente, le dio un revés a la estrategia de cobro rápido de la provincia: rechazó la medida cautelar innovativa solicitada. Santa Cruz pedía asegurar la disponibilidad de los fondos mientras avanzaba el proceso, alegando que la falta de transferencias generaba un "daño actual". Los jueces, tras oír al Procurador General, consideraron que “los antecedentes con los que se cuenta resultan insuficientes para tener por configurados los aludidos presupuestos de admisibilidad” y advirtieron que ordenar una transferencia anticipada “excede el marco de lo hipotético” previsto para esta instancia.
El conflicto se centra en el supuesto incumplimiento del Estado nacional en el envío de partidas comprometidas para cubrir la disminución de recursos que la provincia sufrió en 2018, originada por cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto al cheque. En concreto, la demanda exige el pago de $589,3 millones correspondientes a períodos de 2023 y los meses de enero y febrero de 2024.
Según consta en el expediente, el acuerdo fiscal establecía transferencias diarias y automáticas, con actualizaciones trimestrales por inflación. Esos fondos tenían asignación específica: debían destinarse a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial. La provincia argumentó que la Ley 27.431 obligaba a la Nación a efectuar esas compensaciones a las jurisdicciones adheridas y cumplidoras.
Tras la resolución sobre la competencia y el rechazo de la cautelar, la Corte ordenó correr traslado de la demanda al Estado Nacional. Ahora, el Gobierno deberá responder por la vía del proceso ordinario en un plazo de sesenta días.
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