Ofensiva en Comodoro Py: piden la extradición urgente de Maduro para juzgarlo en Argentina por delitos de lesa humanidad

Representantes de las víctimas y de FADER solicitaron al juez Sebastián Ramos que active los mecanismos diplomáticos para traer al dictador al país. Se basan en el principio de jurisdicción universal y en la orden de captura que la Cámara Federal ya había dictado en 2024.

Política04/01/2026Sección PaísSección País
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La detención de Nicolás Maduro en Nueva York disparó una inmediata ofensiva legal en los tribunales de Comodoro Py. Representantes de las víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente al juez federal Sebastián Ramos que inicie los trámites de extradición para que el exmandatario sea juzgado en territorio argentino, invocando el principio de jurisdicción universal.

La presentación, liderada por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff (en representación de FADER y víctimas directas), se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que permite que los crímenes contra la humanidad sean juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se hayan cometido. "Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano", señalaron los querellantes en el escrito presentado.

El antecedente y el conflicto con EE.UU.

El reclamo tiene un sustento jurídico sólido: en septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición, en el marco de una causa que investiga un plan sistemático de torturas, violaciones y desapariciones forzadas. El objetivo de los denunciantes es evitar que estos crímenes de lesa humanidad queden opacados o impunes frente a las causas de narcotráfico y terrorismo que tramitan en el Distrito Sur de Nueva York.

Sin embargo, el pedido abre un escenario de alta complejidad diplomática. Para que Maduro llegue a un banquillo argentino, el juez Ramos debe formalizar el requerimiento a través de la Cancillería, y el gobierno de Javier Milei tendría que negociar con la administración de Donald Trump el orden de prioridad de los procesos, una batalla difícil dado que Estados Unidos ya tiene la custodia física del detenido.

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