La doble trinchera: gobernadores que cuidan la caja y una CGT que sale a cazar votos "fantasmas" en el interior

El Gobierno nacional imaginaba un febrero de trámite legislativo rápido en las sesiones extraordinarias, pero la realidad política le devolvió un escenario de pinzas. A partir de la semana que viene, la reforma laboral —que el oficialismo pretende convertir en ley antes de que termine el mes— quedará atrapada entre dos fuegos con intereses bien distintos: la billetera de los gobernadores y la supervivencia política de la CGT.

Por un lado, la discusión es puramente contable. Los mandatarios provinciales, que suelen ser pragmáticos cuando los números cierran, encendieron las alarmas ante la letra chica del artículo 190. La iniciativa propone una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades (bajando del 30% al 27% y del 35% al 31,5%). Para el sector privado es un alivio; para las arcas provinciales, un agujero negro.

Según cálculos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el costo fiscal de esa generosidad tributaria sería de $3,18 billones. Dinero que dejaría de llegar a las provincias vía coparticipación.

La cumbre del CFI y el fantasma de los ATN

Ante este escenario, los gobernadores preparan una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la semana próxima. El temor no es solo la pérdida de fondos automáticos, sino la solución que podría ofrecer el Ejecutivo: compensar con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En la jerga política, eso tiene una sola traducción: disciplinamiento. Los ATN son discrecionales; la coparticipación es un derecho.

En los despachos del CFI se barajan tres cartas para negociar con el ministro del Interior, Diego Santilli:

• Un instrumento de compensación automático incluido en la ley.
• Que la baja de impuestos arranque recién en 2027 (patear el problema).
• Resucitar el viejo reclamo por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), pidiendo que el 57,02% vaya a las provincias.

El tour de la CGT y los "gobernadores fantasma"

Mientras los gobernadores pelean por la caja, la CGT pelea por no perder su histórico poder de veto. Con la fecha del 11 de febrero marcada en el calendario para el debate en el Senado, la central obrera activa el "Plan Federal": una gira de sus triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello para presionar a los senadores en sus propios feudos.

La primera parada será territorio amigable: Córdoba. El martes 3 se reunirán con Martín Llaryora, quien ya avisó desde el Festival de Cosquín que quiere "modernizar" pero no "volver atrás ni un milímetro con los derechos". Allí, los gremios duros marcharán el jueves 5. También hay sintonía con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien rechaza la reforma por partida doble: por el golpe a los derechos laborales y por la caída en la recaudación.

Sin embargo, la gira de la CGT expuso una grieta incómoda. Mientras buscan la foto con el radical Gustavo Valdés en Corrientes, los líderes sindicales se encontraron con "teléfonos cortados" en el norte peronista. Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) —tres gobernadores que deberían ser aliados naturales— esquivaron los llamados.

"Buscan excusas", se quejan en Azopardo. La realidad es más cruda: esos gobernadores quizás estén más preocupados por negociar esos $3 billones con Santilli que por salir en la foto de una marcha sindical.

Mientras Patricia Bullrich afila el lápiz en el Senado para el poroteo final, la reforma laboral dejó de ser un debate sobre leyes de trabajo para convertirse en una mesa de póker donde se juega plata, poder y el humor social de un febrero que promete ser largo.