El rechazo de la Iglesia al proyecto oficial derivó en una discusión que excede lo penal. Del "legado de Don Bosco" a las críticas de La Libertad Avanza sobre la educación católica: dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado y la familia.
Política01/02/2026
Sección País
El debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil dejó de ser una discusión meramente técnica o de seguridad para convertirse en un duelo ideológico y teológico sobre cómo abordar la juventud en conflicto con la ley. El cruce de posturas entre la Conferencia Episcopal y referentes del oficialismo expuso dos miradas divergentes sobre la educación, el castigo y el rol de las instituciones.
Mientras la Iglesia Católica —a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social— manifestó su preocupación por la baja de la edad de imputabilidad invocando la figura protectora de San Juan Bosco, desde La Libertad Avanza plantearon que la verdadera prevención no excluye la firmeza de la ley.
El diputado Nicolás Mayoraz (LLA), miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, aportó una visión que busca desarticular la dicotomía planteada por el clero. "Sin desconocer la trascendencia mediática de la baja de la edad de imputabilidad, debo resaltar que NO es el eje del proyecto", sostuvo, argumentando que el "corazón" de la iniciativa es crear un sistema integral y específico que hoy no existe.
Para el oficialismo, la respuesta punitiva es una facultad indelegable: "Esa es la respuesta que debe dar el Estado, por ser el que posee el monopolio del uso de la fuerza y la legitimidad para impulsar esta iniciativa".
Uno de los puntos más interesantes del debate es la interpretación de los símbolos religiosos. La Iglesia citó a Don Bosco para pedir "no criminalizar". Sin embargo, Mayoraz —definiéndose como hombre de fe— disputó esa lectura histórica: "Invocar a San Juan Bosco exige hacerlo en toda su profundidad, pues él jamás confundió educación con ausencia de límites".
Citando al santo salesiano ("el sistema preventivo consiste en hacer conocer las reglas... y luego vigilar"), el legislador planteó que un régimen penal moderno "no contradice el legado de Don Bosco", sino que lo asume entendiendo que "educar también es poner límites".
El debate también abrió una grieta sobre el estado actual de la educación religiosa. En una crítica directa hacia adentro de la comunidad eclesiástica, desde el oficialismo se apuntó contra lo que consideran una pérdida de rumbo en los colegios confesionales.
"Duele ver cómo en muchos establecimientos se pierde una oportunidad irrepetible de formar a los niños en la Fe (...). Se sustituyen los sacramentos por fórmulas vacías de contenido, que buscan más agradar al mundo que transformarlo", analizó Mayoraz, marcando que allí "ni la política ni el Estado pueden lograr lo que la fuerza transformadora del Evangelio puede hacer".
Así, la discusión por la imputabilidad se revela como la punta del iceberg de una disputa mayor: una batalla cultural sobre los valores, la autoridad y el modelo de sociedad que se pretende construir.
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