Sección País
La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, el organismo creado recientemente para contestar informaciones que el Gobierno considera falsas, quedó en el centro de una polémica judicial y ética. Este lunes, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, denunciaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) a su titular, Juan Pablo Carreira, por presunta violación a los deberes de funcionario público y al Código de Ética de la Función Pública.
La denuncia surge a raíz de una publicación realizada el pasado 6 de febrero de 2026 desde la cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) del organismo (@RespOficial_Arg). En ese mensaje, la oficina cuestionó una columna de opinión escrita por el reconocido constitucionalista Félix Lonigro y publicada en el diario Clarín.
Según la presentación judicial a la que accedió Infobae, el conflicto radica en que la cuenta estatal no se limitó a rectificar un dato, sino que emitió una advertencia de carácter legal contra el autor y el medio por el contenido ideológico de la nota. "Este tipo de comparaciones irresponsables ameritan denuncia, tanto de quien las formula como del medio que las publica y legitima", aseveró el posteo oficial cuestionado.
En el escrito presentado ante la OA, Magioncalda y Fazio sostienen que la conducta de Carreira vulnera principios básicos como la prudencia, la templanza y el decoro, exigidos por el Decreto 41/99.
"No se pretende rectificar una información falsa (tarea que, teóricamente, es la que compete a la Oficina) sino que se refuta el contenido ideológico y de opinión de la nota", argumentaron los letrados. Para los denunciantes, la utilización de una cuenta oficial para insinuar acciones penales contra un académico constituye una "amenaza velada" que busca "disciplinar el disenso".
El texto de la denuncia es contundente respecto a la gravedad institucional del hecho: "Cuando un funcionario estatal, investido de autoridad y hablando en nombre de un organismo público, insinúa que una opinión crítica puede dar lugar a denuncias, se produce un efecto amedrentador indirecto (chilling effect) sobre el debate público".
Reset Republicano solicitó formalmente que la Oficina Anticorrupción ordene la inmediata remoción del posteo denunciado. Además, pidieron que se instruya al titular de la Oficina de Respuesta Oficial a que "cese con la realización de posteos" que impliquen "evaluación o cuestionamiento de las expresiones de los ciudadanos" o de los medios de comunicación, limitándose estrictamente a la provisión de información pública.
"No se trata aquí de una discusión ideológica ni de una controversia académica, sino del uso del aparato estatal para deslegitimar y desincentivar el ejercicio de derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión y de prensa", concluye el escrito.
