Sección País
La conmoción por el suicidio del soldado voluntario Rodrigo Gómez en Olivos destapó, de la peor manera, una olla a presión que la política bonaerense intenta mantener tapada. El joven de 21 años se quitó la vida tras ser víctima de una sextorsión orquestada desde la cárcel: un perfil falso, una supuesta menor de edad y la exigencia de dinero para no "escracharlo". La estafa fue posible por un detalle técnico que se volvió una política de Estado de facto: el permiso para que los detenidos usen celulares en los penales de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien la prohibición de dispositivos móviles rige en las cárceles federales y en la mayoría del país, el territorio bonaerense es la excepción a la regla. En 2020, bajo la excusa del aislamiento por la pandemia de coronavirus, un fallo judicial habilitó el uso de teléfonos para que los presos mantuvieran contacto familiar. La cuarentena terminó hace años, pero la medida nunca se revirtió en el distrito que gobierna Axel Kicillof, donde se concentra la mayor población carcelaria de la Argentina: más de 63.000 presos sobre un total nacional de 121.000.
El caso Gómez reavivó el cruce entre el Gobierno Nacional y la administración provincial. La senadora Patricia Bullrich ha hecho de este tema un eje de su discurso, marcando un contraste moral y operativo.
"Nuestro modelo de orden: los celulares están prohibidos en las cárceles federales, porque el que las hace, las paga. O el modelo del inútil de Kicillof: los presos tienen derecho a seguir robando desde las cárceles", disparó Bullrich, recordando que la permisividad bonaerense facilita desde estafas virtuales hasta la organización de bandas complejas.
Un antecedente sangriento respalda la crítica: el caso de "La Banda del Millón", el grupo que asaltó y asesinó a una jubilada de 81 años en San Isidro. La investigación demostró que los autores materiales recibían inteligencia e instrucciones en tiempo real desde un penal, vía WhatsApp.
Más allá del delito, el celular tras las rejas ha normalizado una "vida digital" paralela para los reclusos. Facebook se ha convertido en un catálogo de grupos como "Amando a un preso" o "Mujeres y hombres presos de Argentina", donde se tejen relaciones y se captan víctimas.
En plataformas como TikTok, la situación roza el absurdo: detenidos que se convierten en influencers, transmitiendo su día a día desde la celda, interactuando con seguidores y monetizando su encierro, todo bajo el amparo de un protocolo sanitario que devino en una herramienta de impunidad.
