La UIF de Milei pidió revocar los sobreseimientos de Darío Nieto y otros imputados en la causa por presunto espionaje macrista

La causa que investiga el presunto espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Mauricio Macri sumó un giro procesal que amenaza con generar fuertes tensiones en la cúpula del poder político: la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó formalmente para exigir que la Cámara Federal revoque los sobreseimientos dictados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi el pasado 26 de diciembre.

El fallo había beneficiado al legislador porteño y exsecretario presidencial, Darío Nieto, a la exfuncionaria Susana Martinengo y a un grupo de exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Un "doble juego" entre tribunales y la Casa Rosada

La maniobra es jurídicamente estricta, pero políticamente explosiva. A través del decreto 274/2025, el presidente Milei le había habilitado a la UIF la llave legal para dejar de actuar como querellante en este tipo de expedientes y retirarse sigilosamente de la acusación. Sin embargo, el organismo decidió quedarse y confrontar la resolución del juez de primera instancia, solicitando formalmente "la prosecución de la investigación" contra los exfuncionarios de la gestión Cambiemos.

Este impulso persecutorio choca de frente con la arquitectura política que Javier Milei viene tejiendo desde su llegada a la Casa Rosada. Mientras en los tribunales el gobierno libertario pide seguir investigando al entorno íntimo de Macri, en el plano político ambos espacios tienen una alianza que ya incluyó el desembarco de figuras del PRO en el Gabinete y el armado de acuerdos electorales en distritos clave.

Los argumentos de la UIF: "Fundamentos aparentes" y falta de certezas

En el memorial presentado el 5 de marzo ante la Sala I de la Cámara Federal , el Director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern, destrozó los argumentos del juez para dictar los sobreseimientos.

Para el organismo antilavado, resulta un "temperamento prematuro" en función del estado procesal del expediente y de los elementos de cargo que aún no fueron esclarecidos. En un tramo de extrema dureza procesal, la UIF advirtió que los fundamentos del fallo son "aparentes" , acusando al magistrado de no analizar globalmente las conductas y de asignarle a cada aporte de los acusados un "carácter menguado".

La estrategia de la defensa, que había logrado convencer al juez de que los agentes operaban bajo un esquema de obediencia ciega y tabicamiento, fue rechazada por la agencia gubernamental. La querella estatal insistió en que hay "indicios que no han sido adecuadamente valorados ni agotadas las medidas probatorias pertinentes" para descartar la participación en las maniobras.

Para sostener su postura, el escrito apela a la jurisprudencia clásica: para dictar un sobreseimiento definitivo se requiere alcanzar un estado de "certeza negativa" (la comprobación absoluta de que el imputado no participó del delito). Según la UIF, esto no sucede actualmente en la pesquisa porque la instrucción tiene pruebas pendientes de producción.

La advertencia de llegar a la Corte Suprema

El documento no deja margen para medias tintas y demuestra que el Gobierno está dispuesto a dar la batalla judicial en todas las instancias. El organismo oficial dejó formulada la reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal e, incluso, de llevar el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de recibir un fallo adverso.

Para justificar esta amenaza de escalar el conflicto al máximo tribunal, la UIF advirtió que convalidar los sobreseimientos resultaría una decisión "equiparable a definitiva, por arbitrariedad y afectarse los derechos de peticionar a las autoridades, defensa en juicio, tutela judicial efectiva, debido proceso legal y legalidad".