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A pesar de que la Justicia de los Estados Unidos suspendió recientemente una serie de demandas clave contra la Argentina, el juicio por la expropiación de YPF mantiene abierta su instancia más determinante. La Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver el fallo principal sobre la condena de más de USD 16.000.000.000 impuesta en primera instancia.
El paso central recae sobre los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Los magistrados del Segundo Circuito tienen a su cargo la revisión de la sentencia dictada originalmente por la jueza Loretta Preska.
Según explicó el especialista Sebastián Maril, el tribunal evalúa el expediente desde cero para interpretar la correcta aplicación de las leyes, sin limitarse a juzgar el accionar previo de la magistrada. "Los tres jueces sacan sus propias conclusiones evaluando el caso presentado desde el principio. No tienen que opinar si la jueza Preska estuvo en lo cierto o no", detalló el analista, y aclaró que la resolución no se reducirá a un simple veredicto de "inocente o culpable".
Maril enumeró los posibles escenarios legales que enfrenta el país ante la inminente decisión judicial: la ratificación del fallo a favor de los demandantes, la desestimación de la apelación argentina, la reversión de la decisión original, la anulación completa de la condena, o la devolución del expediente con instrucciones específicas para que Preska tome una nueva determinación.
En paralelo a la causa madre, la Justicia estadounidense debe resolver otras apelaciones estratégicas vinculadas al caso. Entre ellas se destaca el recurso presentado contra la orden de Preska que obliga al país a entregar parte de las acciones de YPF como método de pago a los beneficiarios de la sentencia.
Asimismo, el tribunal debe fallar sobre el pedido de la petrolera para defenderse de manera independiente ante la acusación de los fondos buitre. Los demandantes argumentan que la compañía funcionó como un "alter ego" del Estado nacional, una figura que iguala a la empresa con la estructura jurídica gubernamental.
Finalmente, se aguarda la resolución sobre la presentación impulsada por el grupo Republican Action for Argentina, que solicitó formalmente la anulación de la millonaria condena contra el país.
