Sección País
El presidente Javier Milei encabezó anoche una reunión de dos horas en la quinta de Olivos junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo del encuentro fue ajustar las modificaciones finales del proyecto del nuevo Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días.
El impulso de esta iniciativa integral representa una apuesta del Gobierno para retomar el control de la agenda pública, tras varias semanas dominadas por las controversias en torno a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el avance de la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.
Durante la cumbre, Mahiques le presentó al mandatario los detalles técnicos de la reforma. Uno de los ejes centrales del debate giró en torno a artículos sensibles para la sociedad, como el aborto y el femicidio:
Aborto: Pese a la postura contraria de Milei sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se decidió mantener la redacción actual (sin pena) para evitar reabrir un debate que divida a la opinión pública y ponga en riesgo o empantane la aprobación del Código en el recinto.
Femicidio: El Gobierno modificó la figura legal para cumplir con la promesa presidencial de derogarla. En lugar de agravar el homicidio específicamente cuando se comete contra una mujer, el nuevo texto agrava el delito cuando está "motivado por el género" de la víctima, abarcando a hombres, mujeres o personas trans.
"El objeto de la reunión en Olivos fue hacer que el Código Penal respete los principios liberales", señaló una fuente oficial sobre el espíritu de la reforma normativa.
En términos estructurales, el nuevo cuerpo legal pasará de tener 912 artículos a aproximadamente 500. Esta drástica reducción no implica la eliminación de delitos, sino un reordenamiento metodológico: las figuras penales se organizarán como incisos dentro de los artículos principales para unificar toda la legislación en un solo texto.
Entre las principales modificaciones punitivas, el proyecto establece:
Aumento de penas: Se elevan las condenas mínimas y máximas para diversos delitos.
Cumplimiento efectivo: Según la gravedad del hecho, se amplían las penas de prisión efectiva y se restringen fuertemente las excarcelaciones y libertades anticipadas.
Nuevas tipificaciones: Se incorporan formalmente los ciberdelitos y modalidades urbanas como los ataques de "motochorros".
Corrupción: Se agravan las condenas contra los funcionarios públicos y se amplía el universo de delitos que no prescriben.
El borrador original de la normativa fue elaborado por una comisión de juristas coordinada por el juez Mariano Borinsky. A lo largo de la gestión, el texto recibió modificaciones por parte del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y ahora los ajustes finales a cargo de Mahiques.
