Federico Villena fue uno de los jueces que, durante el gobierno de Alberto Fernández, fantaseó con entregarle al kirchnerismo la cabeza de Mauricio Macri. Pero su plan fracasó y ahora la Justicia le pide explicaciones. Por qué.
Reabren una causa contra Zannini por el caso Correo
Lo resolvió la Casación, que entendió que hay medidas de prueba pendientes "que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación". La fiscal Boquín y el inspector Nissen, también quedaron bajo la lupa.
11 de mayo de 2022 Camilo CagnacciTras el fallo de la Cámara Comercial que dejó en suspenso el concurso de Correo Argentino SA (CASA), el plan kirchnerista para llevar a la quiebra a la familia Macri sumó hoy un nuevo revés judicial. Es que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se investiguen las intervenciones del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a la fiscal Gabriela Boquín, y al titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en el expediente.
Los funcionarios habían sido denunciados en 2020 por SOCMA, el holding de la familia Macri que controla los restos de CASA, por abuso de autoridad, falsedad ideológica y alteración de un sistema informático, en el marco de una presunta maniobra para desapoderarlos de la empresa. Pero la causa fue archivada por el juez Sebastián Casanello y luego la Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó esa decisión.
Entonces, la Justicia entendió que "ante la ausencia de posibles conductas ilícitas por parte de funcionarios públicos, no corresponde a este fuero criminal emitir opinión ni ejercer jurisdicción" en el tema.
Esto fue apelado por los abogados de SOCMA, que ahora lograron que la Sala III de Casación –con las firmas de Juan Gemignani, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi– reabra la investigación. La decisión de los camaristas se basa en que hay medidas de prueba pendientes "que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación" sobre el rol que Zannini, Boquín y Nissen desempeñaron en el concurso de Correo Argentino SA.
Asimismo, los jueces plantearon que "lo relevante no consiste en poder afirmar la existencia de un delito, sino –en sentido inverso– estar en condiciones de negarlo con certeza".
Entre las medidas pendientes están: el pedido del expediente del concurso; que la Procuración General de la Nación informe si existen sumarios iniciados contra Boquín; que se disponga un registro de llamadas entre los teléfonos de Zannini, Boquín, Nissen y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó; y la realización de un peritaje informático para determinar si se manipuló o adulteró el sistema cuando se designó a la interventora de CASA.
El sorteo por el cual la contadora Flor Faber resultó electa interventora de la exconcesionaria postal fue por demás controvertido, pues no sólo ser resolvió en tiempo récord –24 horas– sino que las partes fueron notificadas con un aviso en la cartelera del juzgado comercial que lleva el caso y tuvo sólo dos testigos: los abogados Adolfo Scrinzi y Bruno Toia, de estrecho vínculo con la Procuración que encabeza Zannini.
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